Despertad cantores: acaben los ecos, empiecen las voces.
– Antonio Machado
La comunidad y territorio de Zacualpan del municipio de Comala, no es un lugar y poblado cualquiera, es el sitio mayoritario del único asentamiento indígena-urbano del estado de Colima, y que hoy experimenta directamente al salvaje neoliberalismo capitalista, a través de la instalación de una mina de oro, plata y cobre en el lugar de mayor importancia biológica e hidrológica del territorio del estado de Colima.
Colindante con la reserva de la biosfera de Manantlán, en el montañoso macizo de Cerro Grande, tiene el manantial que surte agua para uso residencial a 250 mil personas de los municipios de Colima, Comala y Villa de Álvarez (una agua tan limpia que se toma de manera directa), que administra la Ciapacov desde hace 20 años y que no destina ningún tipo de beneficio directo o indirecto a sus 3 mil habitantes.
Esta comunidad ha sufrido históricamente un rosario de abusos, fraudes, promesas, mentiras, corrupción, exclusión social, inequidad y discriminación, para mantenerla en un estado de miedo y poder extraer importantes materias primas como el bosque y minería de cobre; lamentables hechos de sangre han sufrido también, en el que perdieron la vida comuneros por defender su territorio.
En este marco, el actual presidente de bienes comunales ha presionado con mentiras, promesas y por cuarta vez intenta que la asamblea comunal decida un acuerdo a favor de la concesión minera 201872 del empresario colimense Rigoberto Verduzco Rodríguez, que ha llegado a ofrecer 15 mil pesos a cada habitante para que no se oponga a la explotación de una mina de oro, plata y cobre.
Este fenómeno minero no es el único, además de la del Consorcio Peña Colorada, en Minatitlán, de capital transnacional Argentino-induitaliano, que destruye la importante zona de la reserva de Manantlán, una minera regiomontana en el perímetro de la comunidad de Las Pesadas y una más ilegal en la comunidad de Chanquiahutl.
Zacualpan representa la punta de lanza de la minería en Colima, con 366 concesiones autorizadas y en gestión, a través de la Secretaría de Fomento Económico del Gobierno del Estado para su instalación.
Este fenómeno minero actual tiene sus antecedentes, cuando hace 21 años se modificó el sistema jurídico que regula las actividades mineras, para cambiar las formas de apropiación de esta riqueza nacional, y que en lugar de beneficiar a los mexicanos, pasara a satisfacer la voracidad de las empresas transnacionales.
Hoy, los impactos son desastrosos: más de la tercera parte del territorio nacional se encuentra en poder de las mineras, la mayoría extranjeras, también mexicanas, como Grupo México, Grupo Peñoles y Grupo Frisco. La industria ocupa el cuarto lugar en generación de divisas, pero hasta este año no pagaba ningún impuesto sobre las ganancias obtenidas y por derechos a las concesiones sólo sufragaban la irrisoria cantidad de 5.08 hasta 111.27 pesos semestrales por hectárea, sin importar el mineral de que se tratara.
Las empresas mineras cuentan con la complicidad de los Gobiernos, ignorando las quejas de los ciudadanos por la devastación del medio ambiente, la contaminación del agua para consumo humano, la destrucción de los lugares sagrados de los pueblos indígenas y el asesinato de varios opositores, hechos ilícitos todos que han quedado en la impunidad.
En este contexto, no es extraño que la comunidad indígena de Zacualpan se haya organizado a través del Consejo Indígena para la defensa del territorio de Zacualpan, y de manera enérgica denuncie, a nivel nacional e internacional, este nuevo episodio de abusos.
Este empoderamiento ciudadano que ha surgido en las 2 últimas semanas rompe con el cordón umbilical del control político de caciques locales, liderazgos rancios de los partidos políticos, y abre el ejemplo para otras comunidades no indias de Colima.
El domingo pasado, ante el nuevo intento de fraude, el presidente de Bienes Comunales, Carlos Guzmán, que había convocado la asamblea para acordar sí a la mina, al no convencer, decidió de manera ilegal, a sólo 20 minutos, suspenderla.
Esta acción sólo acrecentó el posicionamiento de la comunidad que, en sesión pública, con una asistencia de 200 comuneros, 301 avecindados y 200 niños presentes, acordaron iniciar unas movilizaciones públicas, ya que ni el Presidente Municipal ni el Gobernador los han querido recibir.
En esta reunión, acordaron no aceptar la mina, remover a los integrantes de los órganos de representación y vigilancia, conformar la junta de población y declarar Zacualpan territorio libre de minería.
Estas condiciones locales coinciden con otras luchas de otros pueblos y comunidades que ya sufren de minería, en promover a nivel nacional una ley por modificar el actual modelo extractivo para que se respeten los derechos humanos y se cuide el medio ambiente.
Se trata de una lucha justa y legítima del pueblo de Zacualpan que busca frenar el despojo, igual que las luchas contra la privatización del petróleo y de la producción de energía eléctrica. Una de las propuestas fue organizar la resistencia y promover la unidad entre todos los que están contra las políticas de despojo y hacen algo por impedirlo.
Al final de la asamblea del domingo 1 de diciembre, las voces de niños, jóvenes, adultos indígenas, avecindados, vecinos de Colima y Villa de Álvarez que acudieron solidariamente en contra de esta injusticia, a coro gritaron y en los cerros retumbaron: “Sí a la vida, no a la mina; la mina contamina”.
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*Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena