María viajaba por algún camino polvoriento de este país, cuando su automóvil dejó de funcionar. Sin señal, su única opción fue aceptar la oferta que le hizo un desconocido de llevarla hasta algún destino donde pudiera volver por su carro. En un retén, policías federales encontraron marihuana en el vehículo, por lo que los detuvieron. Durante la detención, María fue pateada con tanta brutalidad que ahora tiene sordera de segundo grado, y la violación que sufrió requirió una cirugía de reconstrucción del recto. A pesar que la Fiscalía no ha demostrado su culpabilidad, y que además es víctima de un proceso viciado por la tortura física y sexual, ella ha vivido más de cuatro años en una cárcel mexicana, debido a que los delitos contra la salud son graves y ameritan prisión preventiva oficiosa.
La historia de María es una entre decenas de miles, que con mayor o menor brutalidad sufren de encarcelamiento sin que se les haya dictado sentencia. De acuerdo a un posicionamiento de Intersecta y otras organizaciones, en México 86,218 personas se encuentran en situación de prisión preventiva oficiosa, lo que significa que deben vivir en alguna prisión mexicana mientras que las fiscalías arman los casos contra ellos, cosa que puede tomar años.
La prisión preventiva oficiosa es uno de esos vicios que arrastramos del viejo sistema penal inquisitivo, que tanto dañó a nuestra sociedad y que aún no terminamos de purgar. En este momento, contra la opinión de organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y el sentido común, en el Senado se discute la posible ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Aprobar ese dictamen significa erosionar derechos civiles bajo una justificación de dudosa calidad.
En el dictamen que da cuenta de los 12 delitos más a los que se busca incorporar la figura de prisión preventiva oficiosa, hay un elemento en común con el que se busca justificar las penas antes de prisión: Es necesario porque esos crímenes se están incrementando, dañan a la sociedad y disminuyen la confianza de la población en el estado. Sin embargo, esta justificación asume dos mitos sin fundamento: que la prisión preventiva disminuye la incidencia delictiva y además mejora la seguridad ciudadana. Las cifras sobre feminicidio claramente muestran que la incidencia delictiva es inelástica a la prisión preventiva oficiosa, pues los feminicidios cometidos en 2019 superaron en un 6% a los cometidos en 2018, a pesar que se incluyó al feminicidio en los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa en abril de 2019. Del mismo modo, a pesar de que se amplían el catálogo de dichos delitos, la población no se siente más segura, tal y como lo señalan diferentes encuestas sobre aprobación política que señalan a la seguridad como principal preocupación.
Entonces, ¿Qué es lo que motiva a los políticos a apostar por la prisión preventiva oficiosa, si la evidencia nos dice que no funciona? Una combinación de incentivos perversos. Con diagnósticos incorrectos sobre los problemas, falta de estrategias alternativas efectivas y con presión social por políticas que resuelvan las cosas cueste lo que cueste, los políticos recurren al punitivismo. Además, a diferencia de reformas sustanciales que impliquen cambios sistémicos, o de adoptar políticas públicas que vuelvan eficiente el sistema actual, el punitivismo no requiere invertir tiempo, dinero, capital político o trabajo intelectual. Aunque errónea y peligrosa, la decisión es perfectamente lógica desde una visión electoral; pues no cuesta nada, no desgasta y permite decir que algo se hizo.
El problema es que la prisión preventiva oficiosa sí tiene costos sociales que reducen el bienestar general de los mexicanos, con un énfasis cruel por el contexto de la pandemia y contra las mujeres. En este momento, la tasa de muertes de Covid por 100,000 habitantes es 2.3 veces más grande en la población que se encuentra en prisión que en la población general. Más delitos con prisión preventiva oficiosa significa que más gente irá a prisión sin sentencia, lo que contribuirá a las condiciones de hacinamiento que permiten la propagación del virus.
Por si esto no fuera suficiente, la prisión preventiva se ensaña con las mujeres. Comparando los efectos del uso de la prisión preventiva oficiosa entre géneros, 4 de cada 10 hombres en prisión no han recibido sentencia, mientras que 5 de cada 10 mujeres se encuentran en la misma situación. Además, las poblaciones que reciben prisión preventiva oficiosa crecen a diferentes ritmos, pues de enero a junio de este año, durante el desarrollo de la crisis sanitaria por Covid 19, los hombres en prisión sin sentencia por delitos del fuero federal aumentaron en un 1.9%, mientras que las mujeres en el mismo caso aumentaron en un 10.3%
Por sí misma, la idea de la prisión preventiva no es mala. Es indudable que existen casos particulares donde el riesgo de fuga, el daño a la sociedad, y la imposibilidad de mantener el debido proceso con otras medidas cautelares hace necesaria esta medida. Lo que sí es malo es tratar de convertir a la prisión preventiva en una política para mejorar la percepción de justicia a costa de hacer purgar penas antes de la sentencia. La evidencia demuestra que no es un elemento disuasorio de delitos ni incide en la percepción de seguridad, pero si tiene costos sociales fuertes, que afectan con particular saña a las mujeres.
Tenemos que exigirles a nuestros senadores que se opongan a esta medida para preservar el debido proceso y los derechos humanos de decenas de miles de personas. De nuestros senadores depende en este momento cambiar la inercia política para plantear proyectos verdaderamente valiosos, o profundizar en medidas que tarde o temprano repetirán la tragedia de María.