Es cultura general, saber que si el sistema de justicia en México no se ocupa de lo que ocurre en las calles… mucho menos de los abusos de poder que hay dentro de los hogares. Las trabajadoras domésticas trabajan en estos espacios en los que no hay vigilancia, ni leyes que se apliquen, por lo que los hogares como espacio laboral se vuelven tierra de cultivo para la desigualdad, y los y las empleadoras jefas sin normativas, a las que no se les exige garantizar los derechos laborales a sus trabajadoras.
La OIT y el Nacional Monte de Piedad, presentaron estudios sobre el trabajo doméstico remunerado, evidenciando que, en México, el 99.2% de las personas trabajadoras del hogar no tienen contratos de trabajo escritos, el 98.3% carecen de acceso a instituciones de salud y el 71.3% no tienen acceso a prestaciones. Hasta el 42.3% reciben menos de un salario mínimo oficial por su trabajo. 83.6% reciben menos de dos salarios mínimos oficiales por su trabajo.
Traduzcamos el dato, en México casi el 100% de trabajadoras domésticas no tienen el privilegio a la salud y a los privilegios laborales de sus empleadores/as. Son privilegios porque si fuesen derechos todos y todas tendríamos acceso a ellos.
En América Latina, según el Consejo Sindical Unitario de América Central y el Caribe, señala que de los 17 millones de trabajadores del hogar que laboran, el 95% son mujeres.
Solo el 43,8% de ellas, tienen seguro. No contar con seguro social significa no tener acceso a la asistencia sanitaria, a incapacitarse, tener una licencia por maternidad o recibir una pensión cuando sean adultas mayores.
En el polo opuesto, los que gozan del privilegio. 82.3% de los empleadores/as de trabajadoras domésticas cuentan con trabajos formales y de calidad; 48.6% cuenta con acceso a instituciones de salud; 27.9% recibe más de 5 salarios mínimos y el 50.1% de los más de 1.5 millones de hogares que contratan trabajo doméstico remunerado, pertenecen al décimo decil de mayores ingresos.
Y cuando las cosas pintan mal, en México siempre pueden pintar peor ante situaciones de crisis… Según el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar en México, la mayoría de los 2,3 millones de trabajadoras domésticas que hay en el país han perdido sus trabajos durante la pandemia del COVID-19.
Las trabajadoras domésticas, trabajan en condiciones precarias y abusos de poder, los años que su majestad lo permite…
Desde su privilegio empleadores/as deciden otorgar el trabajo o quitarlo, pagar menos del salario mínimo y extender las jornadas laborales, con servicio de niñera incluido, aunque la paga sea la misma, ellas viven la violencia en silencio, a puerta cerrada, porque siempre habrá otra mujer con necesidades económicas iguales o peores que aguante más que la que decidió hablar y exigir derechos.
En el hogar, como espacio laboral hay una persona que labora por necesidad económica y otra persona con poder que a puerta cerrada decide qué privilegios otorga a la que no lo tiene, y la mayoría no otorga casi ninguno. En el espacio privado es en donde la violencia y el abuso de poder se manifiesta mayormente, y esto es razón suficiente para aplicar leyes en este y proteger los derechos de las trabajadoras domésticas.
La pregunta no es ¿Por qué no renuncian? La pregunta es ¿por qué no se aplican leyes en los hogares sabiendo que también son espacios de trabajo? Un lugar de trabajo tiene (o tendría que tener) normativas que deben cumplirse para generar condiciones dignas para los y las trabajadoras, lo cual no ocurre en los hogares, y evidencia las condiciones de desigualdad en las que laboran las trabajadoras.
Todos y todas tenemos los mismos derechos, no todas gozan de ellos, los casi 2.3 millones de trabajadoras domésticas en el país despedidas en situación de crisis no gozan de ellos.