Los policías no nos cuidan. Esta frase, que es enarbolada en protestas contra la violencia, expresa una realidad que se ha gestado durante años: nuestras instituciones policiales son brutales contra la ciudadanía, peligrosas para sus miembros y esencialmente inoperantes. Sin embargo, la necesaria discusión sobre como reformarlas se ahoga en el furioso ruido de diagnósticos errados.
La muerte de Giovanni en Jalisco le expuso al público una estremecedora verdad sobre los policías mexicanos. La evidencia disponible sobre el comportamiento de los policías muestra incontrovertiblemente que actúan fuera de la ley y ejercen brutalidad sistémica, por lo que no son una fuente de seguridad pública, sino una amenaza para quienes tienen que lidiar con ellos.
Aunque los policías deben salvaguardar la legalidad, muchas veces su manera de actuar está fuera de la ley. El estudio de la CNDH sobre detenciones arbitrarias encontró que, en promedio, los policías mexicanos detuvieron de manera arbitraria a dos personas diarias entre el 2001 y el 2017. Del mismo modo, los policías suelen violar los derechos humanos en una proporción que podría considerarse sistemática: la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016 (ENPOL) mostró que 6 de cada 10 personas en prisión fueron golpeadas o pateadas por sus captores, 3 de cada 10 recibieron amenazas contra sus familiares y 2 de cada 10 fueron torturadas con electricidad.
Del mismo modo, las policías están plagadas de problemas institucionales que las vuelven inoperantes. Las corporaciones policiales del país tienen un serio problema de recursos humanos, pues cuentan con la mitad de los operadores mínimos para cumplir sus tareas; hacen trabajar excesivas jornadas de 70 horas semanales a sus operadores; no tienen un espíritu institucional de vocación policial, sino que son la segunda mejor alternativa al desempleo de sus operadores; y actúan dentro de marcos jurídicos que no están diseñados conforme a la realidad mexicana.
¿Cómo podemos resolver el problema? Ciertamente no va a ser aboliendo policías y utilizando a las fuerzas armadas como instrumentos de seguridad pública. Las fuerzas armadas son más letales al momento de “tener enfrentamientos” que las policías, y también recurren sistemáticamente a la tortura y la violación del debido proceso. La ENPOL mostró que las fuerzas armadas tardan más tiempo en presentar a sus detenidos frente a juez, suelen llevarlos a instalaciones militares donde suceden cosas fuera de la rendición de cuentas, y en el caso de la Marina mexicana, abusan sexualmente de la mayoría de las mujeres que detienen (como lo documentó Amnistía Internacional).
Resolver el problema implica plantearnos reformas serias en materia de seguridad pública y corporaciones policiales, para subsanar los problemas que arrastran las legislaciones vigentes, así como para legislar sobre la formación, rendición de cuentas y participación ciudadana en la seguridad pública.
La rendición de cuentas y la fiscalización a través de la participación ciudadana pudieron haber evitado el asesinato de Giovani y los subsecuentes horrores que se vieron durante las manifestaciones en Jalisco. La brutalidad policial, la represión ejercida contra los manifestantes y las desapariciones forzadas pudieron haberse evitado a través de sistemas que obliguen a los miembros de las corporaciones de seguridad a rendir cuentas y enfrentar responsabilidades en caso de violar la ley.
Sin embargo, se requiere más. Los policías requieren mejores jornadas laborales, mejores salarios y entablar nuevas relaciones con la comunidad; pero también requieren ser objetos de evaluación y fiscalización constante para garantizar que actúan de manera adecuada.
Además, todos requerimos que los gobernantes y los legisladores empiecen a tomar con seriedad la discusión sobre la seguridad pública. Por más cambios discursivos que se hayan hecho, la realidad de las últimas décadas ha sido profundizar la militarización de la seguridad pública y evitar legislar con seriedad sobre el tema de seguridad. Un ejemplo claro de que nuestros representantes populares no entienden lo que están legislando sobre seguridad se encuentra en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza que aprobó el Congreso de la Unión en fechas pasadas, pues se define dos veces el término “lesiones graves”, con conceptos diferentes.