En días pasados se publicó un acuerdo sobre seguridad en el Diario Oficial de la Federación. Este acuerdo, de apenas dos páginas, fue suficiente para incendiar las redes sociales con publicaciones llenas de llano apoyo o terrible desprecio. Para algunos, el acuerdo es el camino a un México pacífico, mientras que para otros es la ruta hacia un estado policial-militar que violará consistentemente las libertades individuales. En esta columna abordaré algunas de las implicaciones que tiene este acuerdo para las políticas públicas de seguridad en México.
Grosso modo, el acuerdo tiene tres efectos reales: regula la participación de militares en tareas de seguridad pública, establece un probable plazo de salida, y esboza un sistema de fiscalización y vigilancia.
Respecto al primer punto, el acuerdo no militarizó per se la seguridad pública, sino que dio una mejor definición jurídica para la participación castrense en tareas judiciales. Es imposible afirmar que este acuerdo militarizó la seguridad pública, porque este proceso se ha desarrollado durante los últimos 30 años. Sin embargo, este marco jurídico no es tampoco una solución adecuada, porque da pie a que los militares prácticamente cumplan funciones policiales en el país, cuando su misión, espíritu institucional, formación y objetivos no son completamente adecuadas para el trabajo policial.
El segundo aspecto establece que marzo de 2024 será el probable plazo para retirar a los militares de tareas de seguridad pública. Aunque parece loable la meta, hay lugar para un poco de escepticismo. Primero, porque es perfectamente posible que el Congreso de la Unión acuerde ampliar la temporalidad en caso de que la medida no funcione; segundo, porque es incongruente con la temporalidad de tres años que se establece en el Plan Nacional de Seguridad y Paz para tener completamente operativa a la Guardia Nacional.
El tercer aspecto del acuerdo es el sistema de fiscalización y subordinación que ejercerán las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas. En la práctica, aún no existe, porque son se establece explícitamente el mecanismo de suprasubordinación y fiscalización. Además, como no se vuelven operativos los conceptos de extraordinario y complementario, existe un terreno bastante amplio de operación que queda en una zona legal gris.
El problema del acuerdo se encuentra en que profundiza una estrategia de seguridad fallida. La teoría del cambio detrás de está estrategia asume que más botas en tierra reducirá el crimen, pero esta es una hipótesis altamente cuestionable por los resultados de los últimos años. De hecho, un revelador artículo académico de Javier Osorio presenta una correlación entre el número de operativos militarizados con el incremento de la violencia en el área de operativos tras unos meses.
La solución a los problemas de criminalidad en el país no se solucionará replicando estrategias fallidas con nombres diferentes, sino con un enfoque centrado en el problema central: las altísimas tasas de criminalidad en el país. Edgardo Buscaglia ha publicado durante años estudios jurimétricos donde muestra la existencia de correlaciones entre indicadores de procuración y administración de justicia con las tasas delictivas de un país determinado. Tal vez, nuestras autoridades obtendrían mejores resultados en el largo plazo si se centraran en reducir la impunidad en el país.
En lugar de decirse diferentes mientras mantienen la misma estrategia, nuestros legisladores y otras autoridades deberían centrar sus esfuerzos en la reforma policial que necesita el país, considerando algunos puntos clave, tales como asignar los recursos presupuestarios necesarios para operatividad y contratación, establecer sistemas de control y confianza locales que funcionen, desplazar la carga de investigación del delito de la fiscalía hacia las policías, y empezar un proceso amplio de profesionalización policial que responda a las características particulares de cada lugar.
Sin duda, será un proceso largo, costoso y extremadamente difícil, pero sin duda sus beneficios a la larga superaran con creces los retos que supongan la implementación, y tendrá mejores resultados que crear híbridos institucionales que buscan arreglar con fuerza lo que debe resolverse con inteligencia.