Un catedrático de Economía de una universidad española pidió hace un par de meses el procesamiento y cárcel para Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, y sus trece consejeros, muchos de ellos políticos que ocuparon destacados cargos públicos, por asignarse a sí mismos un sueldo treinta veces mayor que sus homólogos en Japón y cinco veces más alto que en Alemania.
Tal vez la necesidad de costear esos modestos salarios fuera la causa de que tales directivos, siempre respaldados por los Gobiernos de turno, tomaran parte activa en la subida de un 323% en la tarifa de la luz.
El costo social no importa demasiado: la ruina de numerosas pequeñas y medianas empresas españolas y la pobreza de millones de familias.
Lo importante es que ellos puedan comer caliente y que, incluso, alcancen a degustar alguna barrita de turrón y algún sorbito de cava en Navidades.
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