Líderes transportistas anunciaron la creación del Comité de Defensa del Patrimonio de los Transportistas y Choferes de Colima para oponerse a la incorporación de servicios de transporte privado como Chofer Pro y Uber en la nueva Ley de Movilidad.
Ayer en rueda de prensa afuera de Palacio de Gobierno, Hugo Chávez Ríos, presidente del Frente Colimense del Transporte informó que el Comité agrupa 50 secretarios de diferentes sitios de taxis de todo el estado, así como empresarios del transporte público.
“Creamos un Comité para luchar y defender los derechos y el patrimonio de los choferes y concesionarios del transporte público (…) A través de la Ley de movilidad, quieren quitarnos derechos que nosotros durante muchos años hemos tenido. Ella (Gisela Méndez) está montada en meter un servicio de carro de arrendamiento”.
Chávez Ríos señaló que no están de acuerdo con la temporalidad de las concesiones, ya que ellos propusieron que fuera por tiempo de 99 años y en la nueva Ley se estipula que sea por un periodo de 10 años.
“Nosotros habíamos propuesto que fuera lo que marca la ley que son 99 años por concesión, ellos lo están poniendo a 10 años con una revisión a los taxis cada 5 años muy estricta, que si a criterio de la Secretaría de Movilidad no pasamos la revisión se nos cancela o se nos termina la vigencia de la concesión y cada 10 años hacer una renovación también y esto inquieta a los compañeros”.
El dirigente agregó que se sienten “agredidos” por parte de la Secretaría de Movilidad ya que en las reuniones con su titular, Gisela Méndez, llegaron a acuerdos que no fueron plasmados en la iniciativa de Ley de Movilidad.
Agregó que se dedicarán a informar a sus compañeros taxistas de todos los municipios sobre lo que representa la nueva Ley y posteriormente decidirán las acciones emprender, que podrían ser “desde una manifestación general hasta parar cualquier tipo de vías de comunicación estatal”.
“Somos 12 mil colimenses los que vivimos a través del servicio público directamente más los que viven indirectamente que son gente que trabaja mecánicos, lamineros y pintores. Entonces sí es un gran número de colimenses que estarían afectado para beneficiar a un pequeño grupo de empresarios”, concluyó.
Por su parte Zenén Campos, presidente de la Federación de Transporte Urbano y Suburbano del Estado, detalló que elaboraron un amparo colectivo por si el Congreso del Estado aprueba fast track la iniciativa.
“Rechazamos que vengan empresas de fuera a encarecer el servicio (…) Chofer Pro es un remedo, una copia de Uber. Son empresas que vienen con capital de fuera; vienen tratando de invadir el campo del transporte público urbano y suburbano en todas sus modalidades”, aseveró.
En la rueda de prensa también estuvieron presentes Marcos Rolón Martínez y Benjamín García de León, presidente y secretario respectivamente de la Unión Libre de Taxistas del Estado de Colima quienes desde el pasado 8 de diciembre a las 9 de la mañana iniciaron una huelga de hambre en contra de la nueva Ley por considerar que el funcionamiento de Chofer Pro sería una “competencia desleal” para ellos.
Rolón Martínez dijo que hasta este momento no ha habido ningún acercamiento por parte de las autoridades y manifestó sentirse “todavía bien” aunque aceptó que “sí se va mermando” su estado de salud. Ambos hombres permanecen sin supervisión médica.