El presidente del Consejo Estatal de Morena, Vladimir Parra Barragán, alertó que nuevamente existe el «peligro» que la playa La Boquita, en Manzanillo, sea privatizada y acusó al Gobernador Ignacio Peralta Sánchez de estar detrás del proyecto.
Ante el posible desarrollo de un complejo turístico y un club de yates en la zona, el líder de Morena dijo que se provocará un daño ambiental y social.
«Con esto afectarán la Laguna de Juluapan y cientos de hectáreas donde existe un ecosistema con una diversidad natural protegida por tratados internacionales, que cuenta con mangle rojo, blanco y mangle botoncillo, además de una franja de coral total de 6 mil metros cuadrados, que por supuesto estaría en peligro ante el mega-proyecto privatizador», manifestó.
Agregó que esta playa es una de las más populares y bellas de Colima, por lo que su cierre al acceso público afectará a las familias que la frecuentan con fines recreativos y de convivencia.
Recordó que en años pasados la organización de los ramaderos y de la sociedad «ha puesto un freno a las políticas privatizadoras», pero el «peligro» está de nuevo.
Parra Barragán dijo que el Gobernador Ignacio Peralta Sánchez «tiene muy bien claro sus intereses con los grandes capitales», por lo que trabajará con ellos para cederles o facilitarles la explotación y traslado de «nuestra riquezas naturales».
«(Nacho) está más preocupado por la bolsa de valores que el bienestar de la gente. No le importa que el problema de la inseguridad no esté cerca resolverse y por el contrario empeore día con día», comentó.
Aseguró que para impulsar el proyecto, Peralta Sánchez «está en pláticas con sus compinches del PRI, PAN y PVEM», especialmente con la alcaldesa de Manzanillo Gaby Benavides, el diputado federal Virgilio Mendoza Amezcua, así como el delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Nabor Ochoa López.
«PRI y PAN han seguido las políticas entreguistas de ir cediendo el territorio nacional a extranjeros y particulares; por ello las reformas al artículo 27 constitucional en el paquete de las reformas estructurales que permiten restringir las playas a sólo una pequeña elite, pasando a ser extranjeras en nuestro propio país, como ya sucede en muchos estados», lamentó.