Aunque prometió y declaró el decreto de austeridad «más ambicioso de la historia», el Gobernador Ignacio Peralta Sánchez duplicará su gasto en comunicación social y publicidad para el año 2016.
Peralta Sánchez publicó el sábado pasado su plan de austeridad para alcanzar 15 por ciento de ahorro en el gasto corriente para el año 2018.
Según el documento denominado Reglas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto Público Estatal que entró en vigor ayer, «la política presupuestaria para el presente ejercicio fiscal será de prudencia, austeridad y de estricta racionalidad en el ejercicio del gasto público».
Incluso en el artículo 48 del decreto establece que «en materia de comunicación social debe racionalizarse al máximo el gasto».
Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos 2016 se asignó un monto de 11.3 millones de pesos para la «difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales».
Este monto —contemplado dentro de los «servicios de comunicación social y publicidad» del gobierno estatal— es 125 por ciento superior a los 5 millones de pesos asignados en el Presupuesto del año 2015.
El 11 de febrero pasado, en su primer discurso como Gobernador, Peralta Sánchez afirmó que en un plazo máximo de treinta días presentaría el «decreto de austeridad más relevante y ambicioso de la historia».
«¡Basta de dispendios! No podemos predicar sobre las dificultades (financieras) pero por otra seguir gastando con irracionalidad», manifestó el priista frente a cientos de personas afuera de Palacio de Gobierno.
Agregó que el gasto debe ayudar «a quienes más lo necesitan» específicamente en educación y salud, y eliminar «ese gasto corriente que no genera beneficios a la sociedad».
El decreto también contempla ahorro en agua, luz y servicios telefónico. No habrá más arrendamientos de inmuebles, ni nuevas adquisiciones de vehículos » a excepción de aquellas que resulten indispensables para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos».
Asimismo, se prohibirá la contratación de personal que ya labore en otras instituciones públicas «a menos que exista plena justificación y se acredite la compatibilidad de horarios».