A mediados de los 70, a lo largo de América del Sur comenzaron a afianzarse una serie de dictaduras en oposición a los gobiernos progresistas, para ello hicieron uso de métodos de terrorismo impulsados directamente por la CIA, que tenía como principal motivación detener el ascenso de lo que consideraban gobiernos comunistas.
En el contexto de la Guerra Fría, el enemigo creado fue el comunismo que atentaba en contra de los intereses regionales de Washington en el continente, se moldearon los ejércitos nacionales de acuerdo a las doctrinas de la Escuela de las Américas que se encontraba instalada en Panamá, a la cual acudieron militares de todo el continente.
En principio el Plan Cóndor se concretó como una coordinación de servicios de inteligencia, posteriormente se convierte en el intercambio opositores a los regímenes que los suscribieron. El antecedente primigenio del Plan Cóndor se dio en Brasil contra João Goulart que tuvo una continuación a lo largo de Suramérica pasando, por mencionar dos ejemplos, Chile de Allende y Argentina de Perón. En ambos casos se aplicaron técnicas de persecución, concentración y desaparición masiva de opositores, estas acciones fueron implementadas directamente por ejércitos nacionales.
Estas acciones sirvieron de precedente a nuevos experimentos que se aplicaron y se siguen aplicando a lo largo de América Latina. Debido al poder que los ejércitos tomaron en los sistemas locales, se convirtieron en grupo de presión con la capacidad de determinar condiciones nacionales.
En este contexto no podemos abstraer la realidad de México, acá no tuvimos Plan Cóndor, pero sí una guerra sucia. Se utilizó al ejército en tareas antisubversivas en gran parte del país, posteriormente en tareas de hostigamiento contra la población civil en zonas de actividad de grupos guerrilleros. Con esto podemos decir que el Ejército se encontraba con un pie en la calle y otro en los cuarteles.
A partir de 2002 el Ejército tiene la posibilidad de actuar en labores policiales en contra del tráfico de drogas y otros delitos federales. En febrero de 2012 se presentó un aumento salarial de 150% en toda la plantilla del Ejército, que en principio, representa un aumento en el gasto público. Por otro lado la implementación de la reforma en el fuero militar ha sido limitada, gradualmente se ha vinculado al Ejército de manera paulatina en violaciones de derechos humanos, se pueden enumerar desapariciones, asesinatos, secuestros, lo que demuestra que la reforma al fuero militar es papel mojado, colateralmente manifiesta una impunidad hacia los delitos que cometan y sigan cometiendo los militares.
El poder que ha tomado el Ejército es preocupante ya que lo convierte en una limitante a la democracia que a su vez es utilizado en la guerra contra el narcotráfico, con numerables contradicciones, por ejemplo, el cuestionado accionar del ejército en la detención de Cemeí Verdía, operativo en el que murió un niño y fueron heridas varias personas más. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en la que se señaló la participación del Ejército, que al momento no ha quedado esclarecida del todo, además de Tlatlaya en el estado de México, Tanhuato en Michoacán, se suma a la lista del accionar violatorio de los derechos humanos por parte del ejército.
El destino de armamento y recursos internacionales, representa una inversión superior al gusto público de cualquier rubro distinto a la seguridad, mientras tanto los índices de violencia y homicidios no logran disminuir, al contrario, aumentan y dejan flagrante la participación directa de las fuerzas armadas en lo que se supone se encuentra combatiendo.
El poder que detenta el ejército, lo ha convertido en un determinante que se roza con los poderes económicos nacionales, tanto lícitos como ilícitos, ha sobrepasado sus tareas bajo la responsabilidad del jefe supremo de la fuerzas armadas, actualmente Peña Nieto.