El Instituto Nacional de Salud Pública realizó una encuesta telefónica durante el tramo final de la Jornada Nacional de Sana Distancia para medir ciertos indicadores de la población durante la pandemia. Sobre el tema económico y de empleo encontró que en una tercera parte de los hogares mexicanos al menos uno de sus integrantes perdió el trabajo durante el confinamiento y, entre quienes lo mantuvieron, el 64% mencionó haber tenido una disminución en sus ingresos. Lo más seguro es que en esas estadísticas no se encuentran los hogares del rector de la Universidad de Colima (el tercer mejor pagado del país) ni de los ex rectores que perciben jugosas pensiones mensualmente.
Por eso la indignación de tantos estudiantes al enterarse por medio de sus directores que las cuotas de inscripción no tuvieron ninguna disminución, aun cuando ya fue anunciado oficialmente que los primeros meses de clases se desarrollarán a distancia y todo apunta a que el semestre entero se desenvuelva de la misma manera.
Es indignante porque al estudiar desde casa, las instalaciones universitarias, así como los servicios de energía eléctrica, agua potable, internet y limpieza que en ellas se brindan no serán utilizados de la misma manera y por lo tanto no generarán los mismos gastos a la institución. Es irracional pues que el rubro de talleres y laboratorios, que representa la mayor parte del monto de la inscripción, se siga cobrando a las y los estudiantes que además tendrán que desembolsar más dinero para contratar o mejorar su internet, comprar dispositivos que les permitan el trabajo en línea si es que no los tenían antes y gastar más luz con cargo al recibo bimestral.
La insensibilidad de la Universidad de Colima es compartida por otras universidades públicas del país. La Universidad Autónoma de Coahuila incluso incrementó 500 pesos el costo de la inscripción y ante la exigencia del estudiantado de reducirla al menos un 55%, el Consejo Universitario accedió nada más a hacer un descuento del 8%, insuficiente ante la crisis económica que viven quienes tendrán que pagarlo. Lo mismo pasó con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que, además del mutis total ante la persecución estatal de la que han sido blanco alumnas y alumnos suyos, ha tomado a bien aumentar el precio de las inscripciones.
Sin embargo, el estudiantado ha respondido. En el estado norteño se conformó el Movimiento Estudiantil Coahuilense que han llevado a cabo jornadas ejemplares de lucha en contra del alza en las cuotas, obligando al rector a sentarse con ellas y ellos a negociar. En San Luis Potosí, el recién conformado frente “Nada de Nosotrxs sin Nosotrxs” se movilizó el 7 de agosto frente a las instalaciones universitarias bajo la consigna “que aumente la educación, no las cuotas de inscripción”.
En Colima, no ha habido movilización estudiantil desde 2014-2016 cuando la Coordinadora Estudiantil Universitaria disputó la representación a la priísta Federación de Estudiantes Colimenses enarbolando las banderas de la educación pública, la democratización de la universidad y la auto organización del alumnado. ¿Podrá ser el tema de las cuotas el detonante para que vuelva a haber vida dentro de la aletargada Universidad de Colima? Las condiciones son más adversas que en ese entonces, cuando además había agitación entre las y los trabajadores que luchaban por la transparencia en el fondo de pensiones, pero nada está determinado de antemano.
Como Coordinadora Socialista Revolucionaria lanzamos un comunicado el pasado 12 de agosto acompañando la demanda de nuestras compañeras y compañeros estudiantes por la supresión de la cuota de talleres y laboratorios. “¡Si no los usamos, no los pagamos!” dicen con toda razón. No solo lo hacemos como un imperativo ético, sino como una apuesta estratégica: la democratización de las instituciones públicas, entre ellas, la Universidad de Colima, no podrá llevarse a cabo si los actores sociales implicados en ellas no se organizan ni se movilizan de manera independiente y decidida para ganar batallas.