En Colima, el gobernador del estado mandó una iniciativa al Congreso Local para volver obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos y lugares de interacción con otras personas. Aunque la iniciativa no se encontraba disponible en el portal del Congreso al momento de escribir esta columna, trascendió en algunos medios que se busca delimitar las medidas en espacios de uso colectivo como transporte urbano, negocios, oficinas, y lugares donde sea imposible aplicar medidas de sana distancia. Con el objetivo de volver eficiente la iniciativa el gobernador propuso que se apliquen sanciones a quien infrinja las medidas establecidas en la iniciativa.
Para algunos, la medida es una muestra de tiranía que dará pie a una tragedia como el homicidio de Giovani López en Jalisco. Para otros, es necesaria debido a la expansión de los casos en Colima y la aparente falta de interés por acatar con las medidas de distanciamiento social. La pregunta que nos debemos hacer es sí esta medida es pertinente dado el contexto colimense y la evidencia existente.
Aparentemente, usar mascarillas podría ser una medida asociada a la reducción de la velocidad de contagio de Covid 19. Un estudio publicado en la revista científica Health Affairs (https://doi.org/10.1377/hlthaff.2020.00818) analizó las variaciones en la velocidad de contagio tras el decreto de uso obligatorio de mascarillas en diferentes ciudades de EEUU, y encontró que sí existe una aparente disminución de la velocidad de contagio tras decretar obligatorias las mascarillas, conclusión compartida por investigaciones similares. Es indudable que debemos tomar estas conclusiones con un ojo crítico por factores como la calidad de la evidencia, la solidez del método de análisis y otros factores técnicos; pero la imperfecta evidencia disponible nos dice que una medida así no es necesariamente descabellada.
Sin embargo, lidiar con una crisis no es algo que pueda reducirse a aprobar un decreto y esperar que todo salga bien. Algunas dudas razonables respecto a la implementación de esta iniciativa nos hacen plantearnos si lo anunciado se justifica, dados los costos sociales.
En primer lugar, está el problema de hacer efectivas las sanciones en caso de incumplimiento. Parte de la iniciativa contempla sanciones para quien no siga los lineamientos del acuerdo, esperando que la posibilidad de sanción incentive al cumplimiento. Sin embargo, la comunicación basada en sanciones podría generar resistencia entre ciertos grupos que podrían volverse aliados en promover el uso de cubrebocas; no solventa el hecho de que el personal que vigilará el cumplimiento posiblemente no será suficiente para la tarea; e introduce la posibilidad de casos de uso ilegal de la fuerza pública, que podría tener consecuencias letales, como ya aconteció en Jalisco.
En segundo lugar, está el problema de accesibilidad. En 2018, 1 de cada 3 colimenses tenían ingresos inferiores a la línea de pobreza por ingresos, y no sería descabellado pensar que la población en este caso incrementó, dada la parálisis económica. Según la Profeco, las cajas con 10 cubrebocas cuentan en promedio 23 pesos. Asumiendo que en una familia promedio dos personas salgan a trabajar, terminarían gastando 6 cajas por semana, lo que significa 138 pesos. Eso se traduce en las tortillas de una semana, o de una quincena si la familia ya se apretó el cinturón. Naturalmente, podrían comprar cubrebocas reutilizables o fabricarlos ellos mismos para reducir los costos, pero nada garantiza que tengan la calidad adecuada para cumplir su objetivo.
Por último, está el problema humano. Una medida que “se está implementando” en el estado son los termómetros digitales para evitar que entre gente con síntomas. El problema es que muchos establecimientos toman mal las medidas, por lo que no detectarían la fiebre, aunque el enfermo estuviera cociéndose vivo. Es decir, la medida no mejora la situación. El uso inadecuado de cubrebocas podría llevar a un mismo escenario donde no hay efectos visibles, o incluso a agravamientos. La OMS considera que el uso inadecuado de cubrebocas podría llevar a contaminaciones que aumenten el riesgo para los individuos. Ciertamente, si la medida se implementa sin tomar en cuenta el factor humano, posiblemente podría ser ineficaz.
La evidencia muestra que la medida podría ser relevante, pero las dudas anteriormente planteadas podrían dificultar su aplicación, y con ello reducir la efectividad. Para que la propuesta de volver obligatoria los cubrebocas verdaderamente genere valor social, será necesario implementar una serie de acciones complementarias, y mejorar algunas existentes.
De entrada, es necesario mejorar las campañas de comunicación respecto a las medidas existentes. A pesar de la campaña de uso adecuado del cubrebocas implementada por la Secretaría de Salud, aún se observa a muchos transeúntes con la nariz fuera, el cubrebocas colgando o el abominable cubrepapadas. Además, el hecho que las medidas se cumplen por encimita, como lo relativo a los termómetros, debe tratarse para volverlas efectivas.
Además, es necesario considerar el factor de la desigualdad de acceso a los cubrebocas. Lo ideal sería que existiera un reparto focalizado que pudiera atender efectivamente a las poblaciones en riesgo biológico y a las familias con ingresos por debajo de la línea de pobreza. De igual forma, es necesario establecer guías y manuales sobre materiales y técnicas para elaborar cubrebocas caseros que puedan ser útiles, como ya lo ha hecho el CDC en EEUU.
También es fundamental adoptar un enfoque colaborativo para mejorar el impacto de la intervención. En lugar de apostar por sanciones, las autoridades deben construir confianza con la ciudadanía, y apostar por mecanismos que incentiven la colaboración, o incluso que ofrezcan premios simbólicos, a individuos, colonias, municipios o establecimientos que cumplan adecuadamente con las normativas.