El proyecto para ampliar el puerto de Manzanillo al Vaso II de la Laguna de Cuyutlán generará un ecocidio con un deterioro irreversible.
En un posicionamiento conjunto, 11 organizaciones ambientalistas advirtieron que la afectación no sólo será al sistema lagunar sino también de los ecosistemas adyacentes como selvas bajas caducifolias, dunas, arrecifes de coral y pastos marinos.
Esta obra también generará afectación en la producción pesquera, así como derrames y contaminación por hidrocarburos.
De igual manera, habrá pérdida de manglar, el cual sirve como barrera para proteger a las poblaciones costeras de huracanes, además de fungir como guarderías para larvas de peces, crustáceos y moluscos de importancia comercial.
«Su daño y eventual pérdida no sólo representa un perjuicio en términos de belleza escénica y ecológica, sino también económico a la población colimense y la de otros estados», señalaron.
Detallaron que la Laguna de Cuyutlán es el cuerpo costero más extenso de la región central del Pacífico mexicano y cuenta con especies protegidas: cuatro de mangle, 15 de reptiles, 28 aves y un mamífero, entre otras comunidades bióticas como fitoplancton, zooplancton y moluscos.
Además, es un importante área de anidación de al menos 25 especies de aves costeras, y se tienen registradas 61 especies migratorias que hacen uso del hábitat en la estación no reproductiva, razón por la que representa un trascendente corredor biológico para aves de la región del Pacífico mexicano.
«La vida útil de este proyecto se estima en sólo 25 años, con un horizonte de evaluación de 35 años, sin embargo, los riesgos ambientales al modificar el ecosistema podrían generar daños irreversibles, cuyas medidas de compensación serían demasiado costosas, además de probablemente poco efectivas», alertaron.
«Un proyecto de esta magnitud abonará a la actual crisis climática global y se enfrentará a fenómenos climáticos extremos ante los cuales dejará vulnerable a la población e infraestructura al eliminar la protección que naturalmente brindan los bosques de manglar».
Las agrupaciones agregaron este proyecto pretende ser justificado con la necesidad de atender el incremento de importaciones y exportaciones en el mercado internacional, lo cual se contrapone con la vocación turística de Manzanillo al incrementar el deterioro y la mala imagen de la ciudad.
Añadieron que la Laguna de San Pedrito, la Laguna del Valle de las Garzas y la Laguna de Cuyutlán han sufrido un fuerte deterioro debido a la deficiente política ambiental aplicada durante las últimas administraciones que priorizan el crecimiento económico de grupos empresariales a costa del cuidado ambiental.
En ese sentido, plantearon que en lugar de generar un desequilibro ecológico y deterioro de los recursos naturales, se opte por la modernización y optimización de la infraestructura portuaria ya existente.
Lo anterior, a la par de la incorporación y fortalecimiento de alternativas de desarrollo como el turismo ecológico basado en la conservación y restauración de la biodiversidad, la soberanía alimentaria y la promoción de fuentes limpias y sustentables de energía.
«El proyecto no corresponde con el tipo de políticas públicas ambientales que requieren los nuevos tiempos», señalaron.
«Los efectos del cambio climático, la pérdida acelerada de biodiversidad y la crisis por la contaminación ambiental requieren acciones que contrarresten urgentemente sus efectos, y no que promuevan un ecocidio de tal magnitud».
Este posicionamiento está firmado por Acción por la Justicia, Colectivo Amigos por Manzanillo, Colectivo Empoderamiento Climático, Colectivo Tarántula Elementos, Ciencia para el Pueblo–México, Cuyutlán Casa Amiga, Paseo de Las Brisas, Red de Defensores Ambientales, Red Manglares de Colima, Vigilemos Manzanillo, y Voluntad Organizada.
En julio de 2019, la Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo anunció que el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador contempla la ampliación de este puerto hacia la Laguna de Cuyutlán con una inversión público-privada de alrededor de 23 mil 500 millones de pesos.
Con esa obra se construirán cuatro nuevas terminales: una para contenedores, otra para granel agrícola, una más para granel mineral y una especializada en hidrocarburos.
