La semana pasada, en este espacio se mencionaron algunas cifras para ilustrar la magnitud del grave problema de empleo (y consecuentemente, de pobreza) que en medio de la pandemia ha puesto en una situación muy crítica a la mayoría de las personas en el país. El desempleo es un círculo vicioso. Cuando las personas no tienen ingresos, no pueden gastar, y si el dinero no circula, el mercado interno no se puede reactivar lo suficiente como para generar trabajo. Si no se le pone un freno en seco, el desempleo se reproduce a si mismo y la situación se vuelve cada vez peor.
En general, los gobiernos no han hecho lo suficiente para atender el problema. Más bien no han hecho casi nada. Aunque la 4T tiene un gigantesco programa de capacitación laboral con subsidio federal para jóvenes, en la práctica este ha servido para que las empresas tengan mano de obra gratuita sin incrementar sus contrataciones de manera significativa (más detalles en la columna “Jóvenes posponiendo el futuro” https://cutt.ly/JsyE9Ap ). Por su parte, pocos gobiernos estatales o municipales se han atrevido a generar políticas públicas suficientemente ambiciosas como para apaciguar la crisis laboral.
Entrarle a atacar el problema no es fácil, pero es necesario. Para empezar se necesita que circule el dinero. Desde antes de que se pusiera de moda entre los partidos políticos oportunistas, la izquierda consecuente ha lanzado la propuesta de la Renta Básica Universal, que consiste en garantizar a todas las personas un ingreso mínimo -en México, se proponen poco menos de 200 dólares al mes- para que puedan satisfacer su derecho a alimentación y vivienda, independientemente de si logran o no encontrar una chamba. Si todo mundo tiene al menos un poco de dinero para gastar, el mercado interno se reactivará con mayor rapidez y las personas podrán encontrar o generar fuentes de trabajo con mayor facilidad.
Las políticas de creación de empleo directo también son indispensables. El gobierno de México tiene que renunciar ya a su austeridad neoliberal y promover la contratación directa de miles de personas en servicios públicos y obras de infraestructura bajo su control. Las instituciones públicas deben dejar de ser espacios en los que solo se contrata a amistades y personas con afinidad partidista para abrirse a los grupos más vulnerados por la crisis económica.
Otro espacio de acción está en las micro y pequeñas empresas. Para las formalmente constituidas, sí se requieren incentivos y condonaciones fiscales. Para los negocios que están en situación de informalidad, un programa realmente ambicioso de créditos a la palabra, combinado con oportunidades reales para incorporarse al mercado formal sin arriesgar sus posibilidades de supervivencia.
Hay un gran potencial de empleo en las pequeñas unidades familiares productivas. Si a México le queda futuro, no está en el Call Center que nunca dejará de pagar sueldos de hambre a sus trabajadores. Está en el puesto de tacos de la esquina, en el taller mecánico del vecino y en la parcela trabajada por todas las familias del pueblo. Para ellos sí es necesario pensar en subsidios para contratar más personas y en incentivos condicionados a un incremento continuo de los salarios.
Implementar políticas de este tipo es increíblemente caro. Pero comparado con las grandes fortunas concentradas en unas cuantas manos en el país, en realidad no es tanto. Desde la Coordinadora Socialista Revolucionaria se han propuesto algunas ideas para financiar cuestiones como la Renta Básica Universal (https://cutt.ly/csy1svv): una reforma fiscal progresiva que obligue a los más ricos a pagar más impuestos. Una auditoría a la deuda pública para suspender el pago de la parte adquirida de forma ilegítima. Un impuesto especial para la especulación financiera. Estas acciones tocarían muchos intereses políticos y económicos, pero permitirían financiar las acciones necesarias para que una buena parte del país salga de la pobreza extrema.
El gobierno también puede generar financiamiento si el presidente aprende a reconocer sus errores y cancela sus megaproyectos ecocidas y poco rentables. Si les cobra los impuestos que deben a sus empresas amigas. Si renuncia a su intento de financiar bases electorales con programas sociales y los usa para lo que son.
Son tiempos críticos, que requieren acciones de grandes proporciones. Si las personas pueden cambiar su vida cotidiana para protegerse de un virus, la distribución de la riqueza tiene que poder cambiar para que la mayor parte de la población pueda hacer algo más que sobrevivir. No queda mucho tiempo, y si mucho por hacer.
Corolario.
Dentro de lo que cabe, fue una buena semana para la 4T. López Obrador presentó una iniciativa de ley para que se incrementen las contribuciones patronales al sistema de pensiones, a través de las Afores. La mayoría de Morena seguramente la aprobará en el Congreso sin cambios. Si bien, lo anunciado no resuelve de fondo la emergencia con las pensiones en el país ni revierte el esquema privatizador impulsado a finales del siglo pasado, sí mejora significativamente las oportunidades de miles de personas para acceder a una pensión un poquito menos jodida. Enhorabuena.
Por cierto, andan muy callados los del PAN. ¿Cuántas pruebas más se van a necesitar para que reconozcan que fueron parte del cochinero de corrupción del gobierno de Peña Nieto? Hoy, se rasgan las vestiduras por tonterías mientras intentan presentarse como oposición responsable. No tienen vergüenza, de verdad.