El juez federal Uriel Villegas Ortiz, asesinado ayer en su casa en Colima, renunció en febrero de 2019 a los servicios de seguridad que le asignó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Tras este crimen, Edgar Villalobos, quien se identificó como primo de la víctima, aseveró que a Villegas le retiraron sus escoltas por ser un gasto innecesario.
Sin embargo, fue el propio juez quien renunció a esta protección, según un documento difundido esta tarde por el portal El Sol de México.
En el oficio, con fecha del 21 de febrero de 2019, el juzgador solicitó a Carlos Enrique Mendoza Ponce, Secretario Ejecutivo de Vigilancia del CJF, el retiro de las medidas de seguridad que tenía asignadas al considerar que no se encontraba en riesgo.
«Declino dichas medidas consistentes en el vehículo blindado marca Chevrolet Suburban modelo 2016, el servicio de escolta integrada por seis elementos y prenda de protección personal», señala el documento.
Según medios nacionales, Villegas contaba con esta protección desde el año 2017, cuando fue designado Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales del estado de Jalisco.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) explicaron que es el CFJ -y no el Presidente- quien determina cuántos elementos del Servicio de Protección Federal contrata y cómo los asigna al interior del Poder Judicial.
