¿Qué tienen en común los asesinatos, la pobreza, la violencia de género, el deficiente acceso a la salud, el abuso sexual, la falta de oportunidades y el fracaso de nuestro sistema educativo? Que todas afectan con la misma brutalidad a la mayoría de los niños, niñas y adolescentes que existen en el país.
De hecho, les ha tocado sufrir doble en el contexto de la pandemia, pues además de ver suspendidas sus actividades principales (la escuela, para muchos; el trabajo infantil, para bastantes todavía) han sido el único sector no considerado como esencial durante la contingencia sanitaria.
Un reciente reporte de diversas organizaciones sociales señala la preocupante acumulación de riesgos para niños, niñas y adolescentes en el contexto de la crisis económica ocasionada por el Covid-19.
Se advierte que, cuando el hambre empiece a afectar de manera más significativa los hogares, muchos infantes se verán obligados a dejar sus estudios para trabajar o ingresar en las filas del crimen organizado con el objetivo de llevar sustento a sus familias. Con las escuelas cerradas, la deserción se vuelve una opción mucho más viable.
Como si no fuera suficiente, el negocio de la trata de menores para su explotación sexual está viviendo uno se sus mejores momentos. Una de las actividades que alimentan a estas redes de trata es el consumo de la pornografía infantil, que incrementó su demanda en alrededor del 73 por ciento durante el confinamiento. A la vez, el incremento en el consumo de este material indica el riesgo de abuso sexual que tantos niños, niñas y adolescentes han estado sufriendo encerrados con sus cuidadores.
Tampoco es que se esté haciendo mucho para solucionar estos problemas. A nivel nacional, la política pública de protección a la niñez está concentrada en el SIPINNA, que opera con un presupuesto ridículo y ahora se ve amenazado por la nueva afición a los recortes del gobierno de López Obrador. En general, las instituciones que tendrían que garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes siguen trabajando de manera descoordinada, limitada y revictimizante, sin ningún proyecto viable para hacer alguna otra cosa.
Hoy se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, y al menos en México, no se vislumbran soluciones a corto plazo para este y otros problemas que enfrenta la niñez. Aunque posiblemente sean el grupo más vulnerado por la cuarentena, son los que menos oportunidad han tenido de participar en la toma de decisiones para los meses que se avecinan.
Su dramática exclusión de la construcción de las nuevas normalidades se explica en gran parte por el enorme adultocentrismo de la sociedad mexicana, en dónde es culturalmente aceptado y promovido que las personas con edad y capacidad productiva (los grandes) se apropian de la facultad de reflexión y toma de decisiones de niñas y niños (los pequeños), pues los consideran como seres incompletos o incapaces de responsabilizarse sobre sus vidas.
Desde hace décadas, se ha demostrado que el adultocentrismo no sirve. Niños, niñas y adolescentes son perfectamente capaces de involucrarse en las decisiones que les afectan, de manera progresiva de acuerdo con su grado de madurez. Es necesario hacer cambios urgentes para asegurar la participación de este sector en la toma de decisiones sobre su entorno social. Será la única manera de brindar a la niñez la oportunidad de defenderse de la enorme cantidad de situaciones que la amenazan de manera cotidiana, pues hasta ahora, los adultos hemos sido victimarios o pasivos cómplices de las violencias a las que se enfrentan.
Corolario.
Esta semana salió a la luz un documento desclasificado por el gobierno de los Estados Unidos, en el que revela que Edgar Valdez Villareal, “La Barbie” (a quien muchas personas todavía recuerdan por el video de su detención en 2010, en donde sonreía alegremente) colaboró con las autoridades gringas a mediados del sexenio de Felipe Calderón. Desde entonces, el narcotraficante/informante le había mencionado a la DEA y al FBI que medio gabinete de seguridad del panista recibía sobornos del crimen organizado, y que Calderón había intentado, sin éxito, pactar con todos los cárteles del país.
La declaración de la Barbie se suma a la creciente lista de pruebas documentales y testimoniales que permitirían procesar penalmente al sanguinario expresidente, a su secretario de seguridad pública, y a muchas otras autoridades responsables de iniciar el sangriento Estado de guerra que hasta el día de hoy mantiene a México en una espiral de violencia y muerte que parece no tener fin.
Ciertamente, la detención y enjuiciamiento de Felipe Calderón y sus corruptos aliados no resolverían la crisis de seguridad actual, pero al menos brindaría al pueblo mexicano la tranquilidad de que no volverán a tener posiciones de poder en la política nacional, como el oscuro exmandatario pretende a través de su nueva marca electoral, México Libre. ¿Será que los simpatizantes de su partido clamarán en algún momento, ¡Liberen a Calderón!?