Que el Congreso del Estado inicie un juicio político en contra del Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, además de su renuncia al cargo, fueron las peticiones en la marcha “Por la Paz y la Justicia” que se realizó la tarde de ayer en la capital de Colima.
Alrededor de 250 personas, entre organizaciones sociales y sociedad civil, marcharon desde la Piedra Lisa hasta el Jardín Libertad.
Encabezando el contingente, una lona con el mensaje “Ni felices, ni seguros. Nacho renuncia”, contrastaba con el que fue su eslogan de campaña en 2015 “Vas a vivir feliz ¡Seguro!”.
Durante el recorrido, como ha ocurrido en marchas anteriores, familiares de Joanna Isabel López Álvarez -desaparecida desde el 26 de noviembre del 2019 en el centro de Colima- exigieron justicia desde el exterior de su domicilio en la calle Madero para sumar su voz a la de los manifestantes.
En su ventana aún permanece colgada la ficha de la Alerta Alba con los datos de la joven.
“¿Han sabido algo de ella?”, preguntó una reportera. “Nada, no sabemos nada”, respondió una mujer.
La madre de Joanna marchó con el contingente de la Red Desaparecidos en Colima, conformado por personas que, al igual que ella, desconocen el paradero de algún familiar y comparten su dolor y lucha.
“¡Nacho, escucha, queremos tu renuncia!”, “¿Dónde están?, ¿dónde están? ¿nuestros hijos dónde están?” y “Ni una más, ni una más, ni una asesinada más” fueron las consignas para exigir un alto a la inseguridad y a la violencia.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), por cuatro años consecutivos –2016 a 2019- Colima ha ocupado el primer lugar nacional en homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.
Tan sólo de enero a abril de 2020, 38 mujeres fueron asesinadas en el estado, cifras que le otorgan también el primer lugar nacional en feminicidios con una tasa de 1.27 asesinatos por cada 100 mil mujeres.
Francis Anel Bueno Sánchez, diputada local de Morena, se suma a esas estadísticas. La legisladora fue privada de la libertad por un grupo armado el pasado 29 de abril en el municipio de Ixtlahuacán; su cuerpo fue encontrado el 1 de junio en una fosa clandestina en Tecomán.
Carteles pidiendo justicia por su muerte fueron colocados en las paredes de Palacio de Gobierno, así como un ataúd en la puerta con la misma petición por el asesinato de los siete policías estatales que desaparecieron en los límites con el estado de Jalisco.
“Colima se ha vuelto uno de los lugares más peligrosos del país. A cinco años de que José Ignacio Peralta Sánchez tomó protesta como Gobernador su estrategia de seguridad ha traído violencia y dolor para nuestra entidad”, leyó una de las organizadoras de la movilización.
Mediante un pronunciamiento, colectivos y asociaciones reprocharon la opacidad e ineficiencia de las autoridades ante la situación de violencia que prevalece en el estado.
Asimismo, acusaron que en las instituciones de seguridad del estado existe corrupción y vínculos con el narcotráfico.
Exigieron al Congreso del Estado iniciar un juicio político contra el Gobernador Ignacio Peralta y la renuncia del Secretario de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, por considerarlo corresponsable de un gobierno fallido.
Además, demandaron un esquema de ciudadanización de la seguridad pública en el que se incluya un Consejo Ciudadano que vigile las estrategias de seguridad y un replanteamiento de las mismas.
Durante el desarrollo de la marcha no se registraron actos violentos o enfrentamientos como ha ocurrido en manifestaciones de otras ciudades del país durante los últimos días.
El pronunciamiento fue firmado por la Coordinadora Socialista Revolucionaria (CSR), el Frente en Defensa del Maíz, la asociación Verde Colima, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ) , Bicivilizate Colima, la Fundación con Equidad (Fundeq), Unidad Total por la Naturaleza A.C y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Colima.
