Durante su comparecencia ante los diputados locales, el Gobernador Ignacio Peralta se deslindó de la responsabilidad por la desaparición de 10 policías estatales en los límites con el estado de Jalisco, de los cuales siete fueron hallados muertos.
En la reunión privada realizada este miércoles de manera virtual, el priista aseguró que no fue informado previamente de que los 10 policías fueron comisionados a escoltar a un grupo de empresarios, sino que fue enterado de los hechos hasta su desaparición el jueves 28 de mayo.
Detalló que esta comisión fue resultado de un oficio de petición enviado el martes 26 de mayo al secretario particular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) firmado por Ricardo Martínez Alfaro, del Grupo Acerero del Norte (GAN).
Aseguró que el ahora ex titular de la SSP, Enrique Sanmiguel, fue quien valoró el escrito y tomó la decisión de apoyar a los empresarios sin informárselo.
Según Peralta, en el documento se estableció que asistirían directivos y cuerpo técnico de Altos Hornos de México (AHMSA) y del GAN a visitas de campo.
Refirió que las visitas eran de origen técnico y de continuación a una negociación con empresas de minería en el occidente de México, apoyándose en el puerto de Manzanillo, lo cual implica inversiones importantes en el estado de Colima y la consecuente generación de empleos.
Respecto a la renuncia del titular de la SSP, Peralta dijo que la aceptó porque Sanmiguel tomó una decisión sin consultarle, lo que implica pérdida de confianza.
Agregó que la dimisión no afecta que se siga la investigación y, en caso de ser responsable, se actúe en contra del ahora ex funcionario.
«Él está a disposición de la autoridad y así lo establece en su renuncia para que se le investigue como un ciudadano común y corriente», aseveró.
También dijo que los policías asesinados cuentan con seguro de vida de 295 mil pesos por familia, así como prestaciones adicionales, como gastos funerarios y pensión de viudez.
En la comparecencia, Peralta también expresó su solidaridad con el Congreso del Estado por la muerte de la diputada de Morena, Anel Bueno Sánchez, encontrada en un fosa de Tecomán.
Sobre este tema, la legisladora Livier Rodríguez Osorio exigió justicia.
«No quiero su solidaridad, señor Gobernador, yo quería viva a mi compañera Anel Bueno», expresó.
«Que los culpables de esta muerte, la de los policías, y los responsables de todos los desaparecidos paguen por su responsabilidad».
La diputada Araceli García consideró que la renuncia de Enrique Sanmiguel más que un acto de solidaridad, es un acto de cobardía.
En la reunión, la bancada de Morena y la diputada del PT, Ana Karen Hernández, respaldaron la petición para que el Gobernador Ignacio Peralta y el Secretario de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, renuncien a sus cargos por considerar que no pueden garantizar seguridad a la población.
A la comparecencia también fueron citados el propio Arnoldo Ochoa y el Secretario de Seguridad Pública, Enrique Sanmiguel, sin embargo, éste último no se presentó pues renunció al cargo momentos antes.
En su lugar, Sanmiguel envió una carta de dos cuartillas a los legisladores en la que narró los hechos respecto al caso de los policías.
Sin embargo, la diputada Claudia Aguirre criticó que este documento dejó más dudas que claridad sobre el tema.