La población en vulnerabilidad alimentaria ha sido una de las más golpeadas durante la crisis por coronavirus. El cierre parcial de la actividad económica significa que las 25.5 millones de personas vulnerables por no tener una alimentación adecuada en México ahora tienen mucha menor oportunidad de alimentarse. Uno de cada cinco mexicanos que antes no comían de manera regular comida nutritiva ahora están en un momento de estrés máximo, porque la reducción de la actividad económica significa menos dinero para adquirir comestibles en menos lugares abiertos.
Hasta el momento de escribir esta columna, el gobierno federal no ha extendido programas focalizados al problema de la inseguridad alimentaria, por lo que la tarea de abordar este aspecto de la crisis recae en los gobiernos estatales y municipales. Por suerte, algunos funcionarios han entendido la importancia de implementar acciones enfocadas a esta carencia social. En el caso colimense, un ejemplo de éxito con lecciones para replicarse se encuentra en las políticas de dispersión de alimentos mediante comedores comunitarios, que está implementando el gobierno de Manzanillo.
El modelo de comedores comunitarios en Manzanillo es un acierto de política pública durante la pandemia porque parte de una visión adecuada para crear soluciones de calidad: distribuir servicios puntuales en lugar de recursos y construir alianzas público-privadas para atender problemáticas sociales.
Los comedores comunitarios son una propuesta sustancialmente superior a repartir dinero en efectivo o entregar despensas. A diferencia del dinero en efectivo, los comedores comunitarios garantizan que la intervención pública sea efectivamente utilizada para mitigar la inseguridad alimentaria, y no destinada a fines diferentes de lo establecido. Además, el servicio de comedor puede ofrecer comida balanceada, cosa que no puede garantizarse si se dispersa el dinero y se deja que los beneficiarios adquieran los bienes como puedan.
Además, los comedores tienen la ventaja de reducir costos asociados para los beneficiarios, cosa que no harían las otras alternativas. El dinero en efectivo y las despensas implican que los beneficiarios aún deben llevar procesos de preparación, es decir, gastos en electricidad, agua y gas. Por el contrario, el servicio de comedor elimina el gasto individual de luz, agua y gas porque entrega el bien final preparado, y posiblemente lo vuelve más eficiente que el resultado del gasto individual agregado para la preparación de alimentos.
El otro acierto de los comedores ha sido su diseño colaborativo con diferentes actores de los sectores públicos y privados. En momentos de crisis, restar es una necedad, mientras que sumar se convierte en la base de una buena intervención pública. La iniciativa de comedores comunitarios se basa en una visión de buena intervención, pues ha reunido a actores de grandes empresas, pequeños negocios y productores locales con los esfuerzos gubernamentales, para conseguir los insumos que sirven para preparar los alimentos a entregar. Así se racionaliza el gasto público, pues se utilizan excedentes que no podrán ser comercializados para atender a población en situación de vulnerabilidad alimentaria y pobreza.
Este tipo de políticas públicas son las que necesitamos para hacer frente a las consecuencias socioeconómicas de la crisis. Indudablemente, los comedores tienen una visión de implementación progresiva, porque están focalizados a grupos en situación de vulnerabilidad económica; pero también combinan elementos exitosos de diseño para maximizar el impacto de los alimentos distribuidos con una alianza que combina lo mejor de actores públicos y privados para dar un beneficio social.