La constante violación de derechos humanos en el sistema penitenciario es una bomba de tiempo, explota cuando parece haberse agotado los “limites” y cuando el negligente control administrativo de las autoridades de los Centros Penitenciarios se hace evidente a la sociedad.
El 12 de mayo del presente año, aproximadamente a las 11:00 horas tuvo lugar como incidente un motín dentro del Centro de Reinserción Social de Colima, en el cual resultaron tres presos muertos y 15 personas lesionadas, entre internos y custodios.
El motivo del hecho aún no ha sido confirmado, sin embargo, se ha mencionado que los reos exigían la visita de sus familiares, en virtud de que, las visitas habían sido suspendidas por la situación actual generada por el COVID-19.
No obstante, es importante señalar que el sistema penitenciario en nuestro Estado es de los peores calificados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el año 2019 se obtuvo un diagnóstico estatal de 6.76, de manera individual el CERESO de Colima tuvo una calificación de 6.01, el Reclusorio Preventivo de Tecomán 6.8 y el CERESO de Manzanillo 7.47.
Estas calificaciones derivan de rubros consistentes en aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno, aspectos que garantizan una estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social del interno y grupos de internos con requerimientos específicos, asimismo, de cada rubro se desprenden otros específicos de los que podemos destacar el rubro de “Acciones para prevenir los incidentes violentos” con una calificación de 5.26:
Fuente: http://appweb2.cndh.org.mx/DNSP/Ceresos/p_diagEntidad_Informe2.asp?Id_Estado=9
Estos resultados tan contraproducentes no solamente demuestran las carentes acciones para la reinserción social de los procesados o en su caso sentenciados, sino también, demuestra la violación constante a los derechos humanos de las personas recluidas, ya que, si bien no gozan de la totalidad de los derechos políticos y sociales, si cuentan con los derechos previstos en nuestra Constitución, como lo es el derecho la vida y dignidad humana.
Suponiendo sin conceder, que el motivo de los hechos del 12 de mayo fuere cierto, también hace evidente que las autoridades que dirigen la administración del CERESO no son las más capacitadas, ya que, existen medidas desproporcionadas al privar de manera total la visita de familiares, puesto que, Colima es el estado con menores casos de COVID-19, y existen una diversidad de medidas menos restrictivas que pueden aplicarse para no violentar los derechos humanos de los reos.
Lo sucedido nos deja mucho que reflexionar sobre la capacidad que tiene las autoridades del sistema penitenciario y de aquellas que lo administran, puesto que no solo la reinserción social es importante, sino que, de los motines pueden derivar en fugas poniendo en peligro a la sociedad de Colima.