Manzanillo, Tecomán y Colima se ubican entre los 50 municipios más violentos del país, según un estudio del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
De acuerdo con el análisis presentado este lunes, durante el año 2019 Manzanillo se convirtió en el segundo municipio más violento de México.
En tanto, Tecomán se posicionó en el quinto lugar y capital colimense en el lugar 28.
Según los datos publicados, Manzanillo tuvo 266 homicidios dolosos, lo que representa 133.21 víctimas por cada 100 mil habitantes.
También tuvo una tasa de 211.33 en lesiones dolosas, 40.06 en robo con violencia, 16.53 en violación y 10.52 en extorsión.
El único delito en el cual Manzanillo no tuvo incidencias es el secuestro.
En este contexto, la noche del 26 de julio del año pasado la presidenta municipal Griselda Martínez fue atacada a balazos a bordo de la camioneta en la que se transportaba.
En el mismo estudio, Tecomán destaca como el segundo municipio con la tasa más alta de secuestros con 8.29, y el cuarto más alto en homicidio doloso con una tasa de 103.29.
El primer municipio más violento del país es Playas de Rosarito y el tercero es Tijuana, ambos en Baja California.
Este estudio es una suma del valor ponderado de cada delito multiplicado por la tasa del mismo en los municipios con una población de 100 mil habitantes o más.
Tras compartir estos resultados, la organización advirtió que los 43 mil millones de pesos invertidos en el programa «Jóvenes construyendo el futuro» del Presidente Andrés Manuel López Obrador no repercutieron en una menor violencia en el país.
«No por muchos ‘becarios’ dejaron de haber sicarios; la violencia empeoró, no disminuyó», alertó.
«El fundamento de la ‘prevención social del delito’ es una falacia: que las personas ‘roban por necesidad’, que las condiciones socioeconómicas (pobreza, marginación, desempleo, desigualdad en los ingresos) determinan la conducta criminal».
En ese sentido, el Consejo dijo que, conforme a la experiencia universal y nacional, las únicas maneras efectivas de prevenir el delito son, entre otras, la desarticulación completa de las estructuras de los grupos criminales.
Así como abatir la impunidad mediante la investigación efectiva de todas las denuncias, la obtención de muchas más órdenes de aprehensión, cumplir esos mandamientos judiciales y lograr cada vez más sentencias condenatorias.
También deben fijarse metas de reducción del delito a cumplirse en plazos improrrogables y hacer dependiente de su cumplimiento la permanencia en los cargos en las instituciones de seguridad pública.