Si por aburrimiento o por supervivencia buscamos en las noticias algún signo de creatividad ante la crisis económica que nos impulsa, no lo encontraremos en las medidas financieras recientemente presentadas por López Obrador, quien en lo fundamental sostuvo la fe en la fuerza transformadora de sus programas de siempre.
El mandatario anunció algunos reajustes al gasto público (ya se empiezan a sacrificar centros de investigación, fideicomisos culturales y subdirecciones que no le interesan) y otra tanda de disminuciones salariales en el gobierno federal, una receta que se ha convertido en su favorita, pero que en términos socioaritméticos ocasiona más problemas que soluciones.
Lo cierto es que el fanatismo obradorista por apretar(nos) el cinturón se está saliendo de control. Lo que al principio fue un signo muy positivo de búsqueda de austeridad gubernamental y rescate de sentido del servicio público, poco a poco se ha convertido en una peligrosa obsesión con el ahorro y los recortes -con la marcada excepción de los intocables proyectos prioritarios- que están adelgazando al Estado a límites neoliberales y convirtiendo a las instituciones federales en una meca para el atropello de derechos laborales y programas de interés público.
Consideremos el mejor de los casos y pensemos que el mandatario mantiene las buenas intenciones que lo llevaron al poder. Creamos en el argumento de que se resiste a hacer cambios en su programa político con el fundado temor de caer en actitudes destructivas de gobiernos anteriores.
Se explicaría así su conservadurismo, como la patriótica defensa de un proyecto que encuentra una causa justa en no querer endeudarnos, pero que en el acto también rechaza cualquier transformación sustancial del presupuesto nacional en el contexto de crisis económica.
En la ética de la cuarta transformación, el presidente representa a la izquierda progresista y cualquier expresión distinta es un ataque de la derecha golpista contra el pueblo, que -en un simbolismo cristiano- reside en él. Pero a esta ética se le está escapando el mundo de lo concreto, que se escurre de las manos a un gobierno atrincherado en sus conflictos de realidad.
Andrés Manuel está en todo su derecho de ignorar las presiones de empresarios e instituciones financieras internacionales si considera que no coinciden con el interés popular. Pero no puede montarse en su macho y esperar que un diagnóstico económico previo a la crisis también funcione tras el arribo de esta, por encima de esta y a pesar de esta, sosteniéndolo solo con adecuaciones ocurrentes y una marcada autoconfianza.
Hay una realidad que pide a gritos intervenciones urgentes, a la que no le interesa el maniqueísmo moralista del presidente, práctico en términos electorales, pero estéril en cuanto a capacidades reales de contención de daños.
Si López Obrador genuinamente quiere resistir a las presiones de la derecha rapaz, hay alternativas en la izquierda progresista (contrataciones gubernamentales masivas, auditoría de la deuda pública, seguros de desempleo) que están dando buenos signos en algunos países del mundo. Solo necesita hacer algo que cada vez le cuesta más trabajo: mirar fuera de sí mismo.
Corolario
Disipemos un poco el pesimismo del presente y disfrutemos que el Senado aprobó una Ley federal de Amnistía, que si bien no resuelve del todo la situación de las personas condenadas a prisión injustamente, sí da pasos importantes para la construcción de un sistema de justicia menos inclinado a encarcelar gente a lo loco.
De la legislación serán beneficiadas las personas condenadas por delitos federales acusadas de aborto o posesión de drogas para narcomenudeo (o para una muy buena fiesta), así como personas indígenas que tuvieron juicios discriminatorios y algunos presos políticos procesados por sedición.
Otro par de reformas interesantes se realizaron en el Congreso del Estado de Colima: la llamada Ley Olimpia, que consiste en la tipificación de los delitos relacionados con la violencia de género digital (grabar y exhibir nudes, videos o cualquier contenido sexual sin el consentimiento de la persona involucrada) y una adecuación al Código Penal Estatal para castigar los crímenes de odio contra trabajadores de la salud en el contexto de la emergencia sanitaria.
Con suerte, ambas modificaciones permitirán inhibir a los agresores y elevar la consciencia pública sobre la gravedad de dos situaciones que afectan con fuerza los derechos y las libertades de muchas personas en el estado.
Ojalá la aprobación de este tipo de legislaciones se vuelva costumbre, pues todavía está en espera una larga fila de demandas en materia de violencia de género y protección del personal de salud que deben materializarse con urgencia.