Los insumos de protección y atención médica adquiridos para combatir al Covid-19 en nuestro país comienzan a sufrir el mismo destino misterioso que muchos de los víveres y recursos donados tras el terremoto de 2017.
Parece haber una inexplicable distancia entre las millonarias compras de equipo o las generosas donaciones de partidos políticos -con la reglamentaria foto promocional- y la dramática situación en la que médicos y pacientes del virus “caen como moscas” (en palabras del gobernador de Baja California) en algunos hospitales del norte y centro de México.
Más allá de la preocupante posibilidad de que haya insumos resguardados en bodegas aguardando un momento político oportuno para aparecer, es necesario echar un vistazo al contexto en el que la falta de material y la ineficiencia operativa es una realidad presente en el sistema de salud mexicano desde mucho antes -y seguramente después- de la llegada del coronavirus.
Son varios los factores que conspiran para que el material sanitario no llegué con la rapidez y suficiencia requeridas (o de plano no llegue) a sus usuarios finales.
Por una parte, la fragmentación de la atención médica nacional en tres instituciones distintas -IMSS, ISSSTE e INSABI- crea un laberinto burocrático en el que las redes de distribución de insumos se enfrentan a un multiverso de estructuras administrativas y reglas de operación que en la práctica adquieren un sentido muy distinto al del propósito para el que fueron creados.
Como si eso no fuera suficientemente complicado, se suele compartir la gestión de instalaciones, personal y material con empresas privadas, entidades, municipios y universidades, cosa que termina convirtiendo la operación de clínicas y hospitales en un gigantesco revoltijo de responsabilidades y omisiones, con mucho espacio para la discrecionalidad y el abuso.
Sin embargo, nada presiona tanto a los servicios médicos públicos como la constante lucha protagónica que directivos, delegados, gobernadores y alcaldes mantienen por aparentar que en sus áreas de responsabilidad las cosas son perfectas o que están en un completo desastre, cuestión que varía en función de sus intereses políticos y de su relación con la federación.
En términos estoicos, el personal sanitario que opera en clínicas y hospitales públicos se ha acostumbrado desde su formación a resistir en un sistema que pareciera diseñado para obstaculizar su labor, en dónde las jornadas de trabajo abusivamente largas, la violencia laboral por parte de superiores y la necesidad de tener que automutilar salarios para comprar equipo mínimo de higiene y seguridad son el pan de cada día.
Todo esto se denuncia (y se ignora) desde hace décadas, pero está adquiriendo una nueva relevancia en el contexto de la emergencia actual, con las instituciones de salud pública al centro de la discusión nacional.
Si algo bueno sale de esta contingencia, será el éxito de las y los trabajadores de la salud que actualmente se organizan para protestar por sus condiciones de riesgo, en una urgente necesidad de combatir la burocracia asfixiante y la politiquería rapaz que siempre le ha costado al pueblo mexicano una pérdida innecesaria de vidas.
De lo contrario, saldría más barato lo que se intenta hacer ahora: distribuir las culpa sobre las personas que no atendieron las medidas de prevención y enterrar la discusión sobre el fracaso del sistema de salud mexicano.
Una amistad de mucho compromiso
Poco interesados en ocultar la cordialidad de su relación, los cada vez más frecuentes guiños de reconocimiento entre Donald Trump y López Obrador se han hecho costumbre entre ambos a pesar de sus diferencias ideológicas.
En un nuevo episodio de esta estratégica amistad, el mandatario gringo le entró a que el gobierno de su país le completara a México la cuota de reducción en la producción de barriles de petróleo, poniendo fin a una crisis diplomática internacional que comenzó cuando el gobierno mexicano -protegido por un seguro de cobertura de precios- se negó a entrarle del todo al acuerdo para estabilizar el costo del energético en una negociación convocada por la OPEP.
Concretado el asunto, AMLO le expresó su agradecimiento y respeto a Trump, mientras que este no se contuvo en señalar la enorme inteligencia y flexibilidad del mandatario mexicano. De no ser por las medidas de sana distancia, hasta se hubieran abrazado.
El acuerdo despertó diversas reacciones. La oposición (desesperada por fortalecerse en la crisis) denunció que hubo compromisos secretos por parte de López Obrador, mientras que sus defensores aseguraron que el tabasqueño dio una lección de diplomacia internacional al obtener un favor desinteresado de los amigos del norte mientras salvaguardaba la operatividad de PEMEX. Ambas afirmaciones son improbables.
En realidad, el gobierno mexicano sigue pagando por adelantado esta y otras dádivas al ofrecerle a Donald Trump algo fundamental para mantener su legitimidad electoral: su disposición a continuar operando como el principal cómplice del proyecto de neutralización de la migración latina hacia los Estados Unidos.
En el contexto de las medidas de contención del Covid-19, los americanos han aprovechado para incrementar significativamente las devoluciones masivas de solicitantes de asilo hacia la frontera norte de México, independientemente de la nacionalidad o la edad de sus detenidos.
De manera cotidiana, las autoridades mexicanas reciben sin protestar a cientos de centroamericanos -incluyendo niños no acompañados- que generalmente huyeron de su país por la violencia criminal o económica.
Esta acción, además de ignorar brutalmente las leyes internacionales en materia de migración y refugio, atrapa a las personas migrantes en una tómbola de riesgos en las zonas fronterizas, frecuentemente relacionados con la posibilidad de morir a manos de la pobreza, de los narcos, o ahora, de la pandemia. La amistad le sale cara a López Obrador.
Corolario
Sería bueno que el gobierno del Estado de Colima llevara al equipo de trabajo que ha logrado el supuesto éxito de la estrategia de contención del Covid-19 (ningún caso activo detectado, en el informe del 14 de abril) al Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz, que sigue preguntándose como diablos reducir la epidemia de violencia en el estado.
Y es que, de acuerdo con la recopilación periodística que realiza el semanario Avanzada en la entidad (de la estadística oficial, ni las luces) en marzo fueron ejecutadas al menos 57 personas en la entidad, muchas de ellas torturadas o desmembradas.
De poco sirve ser el único estado que no reporta hasta la fecha personas fallecidas por la pandemia si Colima virtualmente mantiene un peligroso primer lugar en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes.
Pero no todo (aunque sí mucho) es culpa del gobernador y los presidentes municipales: fue el gobierno federal el que en una terca negación a cancelar sus megaproyectos poco viables para obtener fondos de emergencia para el coronavirus abrió la puerta para que se aprobaran otro tipo de reajustes presupuestales. En específico, afectaciones a fondos de seguridad pública y prevención de la violencia. A ver de cuánto nos toca.