El lunes 30 de marzo del año en curso, el gobierno federal declaró la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor con una temporalidad que va del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, en razón de la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), razón por la cual se determinaron diversas acciones para que la emergencia sea atendida.
Entre las diversas acciones establecidas, se consideran la suspensión de labores en todas aquellas actividades que no sean esenciales.
Por lo tanto, es importante indicar cuáles son las actividades esenciales:
- Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria (médicos y paramédicos, sector farmacéutico, manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnología para la atención de la salud, limpieza y sanitización de unidades médicas.
- Seguridad pública, procuración e impartición de justicia, actividad legislativa, financiera, recaudación fiscal.
- Gasolineras, gaseras, agua, alimentos, mercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos.
- Sectores financieros, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas.
- Servicios de transporte de pasajeros y de carga.
- Producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria, industria química, productos de limpieza.
- Ferreterías, servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad privada.
- Guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias para personas adultas mayores, refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos.
- Telecomunicaciones y medios de información.
- Servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de inhumación, servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales.
- Logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles).
- Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del gobierno.
- Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables; a saber: agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica, entre otros más que pudieran listarse en esta categoría.
Por lo anterior, todas aquellas que no estén clasificadas en las actividades descritas deben suspenderse; esta declaratoria ha causado una incertidumbre a una gran cantidad de empresarios, pero sobre todo a los trabajadores, ya que en diversos Estados de la República se han reportado despidos, mismos que las empresas intentan amparase en razón de que la Ley Federal del Trabajo prevé en su artículo 434, fracción I, lo siguiente:
“Artículo 434.- Son causas de terminación de las relaciones de trabajo:
- La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad física o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la terminación de los trabajos;”
Debe aclararse, que el caso fortuito o de fuerza mayor que la legislación refiere, únicamente opera cuando una empresa o negocio debe cerrar manera definitiva, más no de forma temporal, por lo que los despidos generados que utilicen como motivo esta causal serán injustificados.
Asimismo, aquellas empresas que realicen despidos injustificados, no solamente estarán expuestas a demandas laborales, sino a las sanciones administrativas procedentes; siendo así, tiene más por perder que por ganar.
Por lo que, si tú fuiste despedido con motivo de la emergencia nacional, puedes asesorarte con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo marcando al 800-717-2942 y al 800-911-7877.
En estos momentos es importante que todos seamos solidarios, más allá de nuestra actividad económica, pues los resultados de la emergencia se verán proyectados con la unión social; no obstante, es importante dejar como reflexión, que es preferible parar actividades durante 1 mes, que correr el riesgo de perder a un ser amigo.