El director general del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos de Colima (Ipecol), Edgar Alejandro Chávez Sánchez, y el Secretario de Administración y Gestión Pública, Kristian Meiners Tovar, deberán explicar a los diputados la falta de pago de pensiones a ex trabajadores.
El Congreso del Estado acordó citar a ambos funcionarios el próximo jueves a las 13:00 horas para aclarar la situación que prevalece en las finanzas del Ipecol y los pasivos que arrastra.
La diputada de Morena, Claudia Aguirre Luna, expuso que no es secreto la difícil situación por la que atraviesa el sistema de pensiones de Colima.
Señaló que se conocen diversos casos de trabajadores a los que se les adeudan pensiones o se les niegan préstamos a los que tienen derecho por la falta de liquidez del Ipecol.
Refirió que sólo siete de 36 entes obligados ante Instituto estaban al corriente de sus pagos.
Aguirre Luna dijo que la información del portal de transparencia del Ipecol es confusa, pues el apartado de adeudos no indica el ejercicio fiscal al que pertenecen, ni hay datos que brinden certeza de la fecha en que se generó dicha información.
“Además, el último reporte que aparece corresponde al periodo enero-octubre sin especificar el año, por lo que suponiendo que sea correspondiente a 2019, quedarían pendientes noviembre y diciembre de ese mismo año”, dijo.
La Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, en su artículo 68, señala que las aportaciones, las cuotas y sus accesorios tienen carácter de créditos fiscales, y el artículo 48 establece como atribución del director general del Ipecol “ejercer, previa autorización del Consejo Directivo, las acciones legales contra las entidades públicas patronales que se encuentren en estado de mora.”
En tal virtud, los diputados citaron a los dos funcionarios estatales para que informen lo relativo a los adeudos de los entes morosos y las acciones que realiza para cobrarles.
En su punto de acuerdo, Claudia Aguirre advirtió que de no ejercitarse acción legal alguna, se daña y pone en riesgo la economía de jubilados y pensionados, lo cual podría generar una responsabilidad administrativa.