“Sustentabilidad significa revolución”. Dick Nichols.
Entre los recuerdos de mi infancia está la primera vez que fui de excursión a los bosques de Cerro Grande en compañía de mi familia. Nunca olvidaré cómo me impresionaron los enormes pinos, los árboles cargados de tejocotes y las huellas en el barro de un animal que según mi padre se trataba de un tigrillo. Todos esos primeros olores, sabores e impresiones de mi visita a la Sierra de Manantlán regresan siempre a mi mente cuando la minera Peña Colorada vuelve a aparecer en los medios de comunicación.
La empresa trasnacional tiene 45 años operando en estas montañas de donde extrae nada menos que un tercio del total de hierro mexicano, el cual baja hasta la planta peletizadora que opera en el puerto de Manzanillo para de ahí ser embarcada hacia diferentes países, engordando las cuentas bancarias de los grandes empresarios mineros y de los burócratas que se prestan a ello.
En octubre del año pasado, como Coordinadora Socialista Revolucionaria, junto con el Frente en Defensa del Maíz, denunciamos su más reciente proyecto llamado “Nuevo Taller y Terrero Oriente”, aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Se trata de un depósito de residuos de extracción y un camino interno de 40 metros de ancho y 554 metros de largo para lo cual será necesario talar 133 hectáreas de bosque.
Esto es terrible sobre todo por tratarse de una zona de gran relevancia ecológica y social. Estas montañas se encuentran en medio de dos de las cuencas hidrológicas más importantes de nuestra región: la de los ríos Marabasco y Armería. Los escurrimientos del pretendido depósito descenderían contaminando en primer lugar las aguas de la subcuenca del río Minatitlán y afectando a las poblaciones que se sirven de él. Además, la Sierra de Manantlán no solo alberga al ancestro silvestre del maíz, sino que cuenta con 31 especies de plantas endémicas (que solo crecen ahí), 12 especies de animales en riesgo y de sus aves, el 19% son migratorias, por lo que cualquier impacto contra ellas tendrá repercusión internacional.
Además, en sus mediaciones se asientan algunas comunidades indígenas, entre ellas, Ayotitlán, que, como otras poblaciones en conflicto con empresas mineras, corren el riesgo de ser desplazadas de su territorio y de ver afectada su salud por las actividades relacionadas con la extracción de mineral.
Por todas estas razones, cuando se planteó la idea de una manifestación en la Semarnat local quisimos participar desde la elaboración del oficio a entregarse hasta la concentración afuera de las oficinas de esta dependencia. Cerca de 14 organizaciones firmamos el documento que se resume en seis exigencias: la cancelación del proyecto, la consulta libre e informada a la comunidad indígena de Ayotitlán, la restauración ecológica de las Unidades de Gestión Ambiental afectadas, la actualización del Programa Ecológico Territorial del Estado de Colima para prohibir el aprovechamiento de áreas para la conservación, la cancelación de las concesiones mineras ubicadas dentro de áreas naturales protegidas y sus zonas de influencia, y la creación de un área natural protegida para resguardar la selva baja caducifolia.
Los encargados recibieron la carta para mandarla a la Ciudad de México argumentando que eso no era competencia de ellos, sino del gobierno federal. En dos semanas deberán darnos respuesta.
Oponerse a un proyecto extractivista es un asunto muy serio en América Latina. Los múltiples casos de desapariciones y asesinatos de activistas ambientales lo confirman (ahí están Berta Cáceres y, más recientemente, Homero Gómez), así como el continuo hostigamiento y amenazas que, por ejemplo, las personas implicadas en la lucha de la comunidad de Zacualpan pueden atestiguar. Sin embargo, las consecuencias ecológicas y sociales traen este tipo de proyecto demandan la acción de la mayoría de la población. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando la buena voluntad de las autoridades, una vez que sabemos que el poder económico muchas veces subordina al poder político. Es necesario que la manifestación del 31 de enero sea la primera de una serie de movilizaciones y de una campaña informativa masiva que gane la opinión pública en favor de la defensa de los bosques y el territorio.
Eso a corto plazo, sin olvidar que Colima tiene concesionada el 41% de su extensión a empresas mineras y que revocar dichas concesiones es una condición indispensable para salvaguardar los ecosistemas y el futuro de la vida en nuestro estado.