Tras la publicación de decenas de denuncias de acoso contra maestros de la Universidad de Colima, la institución educativa presentó este martes un protocolo ampliado para atender la violencia de género.
En el evento -sin prensa y con la presencia de miembros de la Federación de Estudiantes Colimenses (FEC) y directivos-, el Rector José Eduardo Hernández Nava dijo que este protocolo es una versión ampliada del presentado en 2018.
“Surge del compromiso de la UdeC para adoptar las medidas necesarias para prevenir, atender, sancionar y erradicar toda conducta de violencia de género dentro de la comunidad universitaria», afirmó durante el acto realizado en el Auditorio de la Facultad de Psicología.
En ese sentido, el dirigente universitario presentó un Comité de Ética para la Atención de la Violencia de Género integrado por Azucena Evangelista, Nancy Molina y Aimé Tapia.
Este comité tendrá como sus principales funciones definir los mecanismos de asesoría y acompañamiento para las y los universitarios que lo requieran; emitir recomendaciones para la atención y resolución de casos, cuidando el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género; y, colaborar con las instancias universitarias en la elaboración de informes sobre casos de violencia de género.
El documento, que consta de 22 páginas, fue presentado por Priscilia Álvarez Gutiérrez, delegada del Campus Colima y Ana Azucena Evangelista Salazar, directora del Centro Universitario de Estudios de Género (CUEG).
Según el protocolo, la ruta a seguir para presentar una denuncia por violencia de género es primero acercarse al director o directora del plantel o a la delegada o delegado del campus.
Si el o la afectada no quiere ir con estas personas, puede poner su queja por internet en el sitio http://quejaviolenciagenero.ucol.mx.
Todas las denuncias serán enviadas a la oficina del Abogado General para generar un acta y un expediente del caso.
El expediente será turnado al Comité de Ética para la Atención de la Violencia de Género, el cual emitirá recomendaciones al Abogado.
Será la Oficina del Abogado General quien determinará las medidas disciplinarias y/o sanciones correspondientes.
En el caso de los trabajadores universitarios, éstas consisten en amonestación verbal, extrañamiento, notas malas, suspensión de sueldos y funciones hasta por ocho días, y la rescisión de la relación laboral.
Mientras que los estudiantes podrán ser amonestados verbalmente o por escrito, suspendidos hasta por un mes, suspendidos del programa educativo o expulsados de la Universidad.
De igual manera, el protocolo establece que habrá sanción contra la persona que haya incurrido en falsedad de declaraciones o documentos exhibidos como prueba.