La actual Ley Orgánica de la Universidad de Colima mantiene un «sistema autoritario» donde el Consejo Universitario «le guarda y profesa una reverencia religiosa» al rector en turno, considera Salvador González Villa, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas.
A través un documento dirigido al coordinador parlamentario del PRI Federico Rangel Lozano, Salvador González criticó y lamentó que el diputado haya desechado en octubre pasado su propuesta de Ley Orgánica encaminada a democratizar la Universidad de Colima.
El catedrático dijo que las universidad públicas «son siempre y en todo momento tema de debate e interés público» por su importancia en el desarrollo social. Resaltó que las universidades deben ser autónomas pero no irresponsables para evitar convertirse en un «coto de poder».
«(La autonomía) suele derivar en justificación política e ideología de una elite o camarilla universitaria excluyente, insensible e intolerante a cualquier principio y ejercicio democrático», expresó.
«La autonomía no garantiza por sí misma ni la honradez, ni la transparencia, ni la dirección virtuosa de la educación», agregó.
En ese sentido, resaltó que la Ley Orgánica vigente «sustenta a un rector a modo de amo institucional único e incuestionable en el manejo financiero, administrativo, laboral y estudiantil».
Mencionó que las atribuciones otorgadas centralizan en el rector los ingresos anuales que superan los 1 mil millones de pesos, «de los que solo da cuenta públicamente» a través de un informe anual «sin existir la más mínima posibilidad de transparentar su manejo y mucho menos de sufrir sanciones internas».
El marco legal universitario -abundó- es «una advertencia y llamado a mantenerse sumido, guardar silencio y acatar la voluntad y decir rectoral ‘sí, señor, lo que usted diga y mande'».
En ese sentido, refirió que en la Universidad se carece de transparencia, pluralidad, democracia y respeto a los derechos laborales.
Enunció casos como la evasión fiscal del Impuesto Sobre la Renta de los trabajadores, la dudosa deducción quincenal por concepto «APPS», la nula transparencia del Fondo Social de Apoyo al Pensionado (Fosap), la destitución de Leonardo Gutiérrez Chávez del sindicato universitario y los despidos injustificados de varios trabajadores por reclamar transparencia.
Además, actualmente el Rector «desempeña un papel preponderante» en la designación de su sucesor pues el Consejo Universitario «funciona más a modo de legitimador de las propuestas rectorales que como un órgano de poder real, deliberativo, emisor de leyes y contrapeso al poder rectoral».
Al estar compuesto por 50 por ciento de estudiantes y 23 por ciento de funcionarios, el Consejo Universitario «resulta acrítico, pasivo y reactivo» y «está lejos» de proponer leyes e imponer límites al poder del rector.
Por ello, González Villa dijo que la Ley Orgánica «está desfasada» y se requiere una nueva que promueva la reestructuración pacífica y ordena, la transparencia y la rendición de cuentas para dificultas los actos de corrupción en la Universidad.
Para el catedrático, que los diputados colimenses hayan desechado su propuesta de nueva Ley Orgánica muestra «una tendencia cómplice y descarada» a cuidar y proteger «a la camarilla universitaria dominante en la UdeC».