El Gobierno del Estado de Colima transfirió 3 millones de pesos al PRI en el año 2015, periodo de campaña electoral.
De acuerdo al dictamen de fiscalización que aprobó el Instituto Nacional Electoral (INE) en diciembre pasado, se comprobó que siete dependencias del gobierno de Mario Anguiano Moreno depositaron en conjunto tres millones de pesos a la cuenta bancaria del PRI.
«Se tienen los comprobantes de transferencia o fichas de depósito y estados de cuenta en los que se observa que el recurso salió de las cuentas bancarias de las dependencias y entraron a la cuenta bancaria del partido político, por un monto de $3,003,021.35», indica el informe elaborado por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.
El Consejo General del INE determinó que el PRI «omitió rechazar la aportación de una persona impedida por la normatividad electoral», por lo que ordenó el inicio de un procedimiento administrativo sancionador.
Las entidades gubernamentales que transfirieron los recursos al PRI son: la Secretaría de Salud, la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (Ciapacov), la Secretaría de Administración y Finanzas, el DIF estatal, el Instituto de Fomento de Ferias, el Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA) y el Instituto de Suelo Urbanización y Vivienda del Gobierno del Estado de Colima (Insuvi).
En su defensa, el PRI afirmó que los recursos provinieron de sus militantes que trabajaban en el Gobierno del Estado, los cuales fueron descontados directamente de su nómina.
«Cabe señalar que si la dependencia realizó la aportación por cuenta de los militantes, fue porque en esa fecha no existía la prohibición de hacerlo, ya que el acuerdo INE/CG1047/2015 en el cual se adicionó el artículo 104bis, el cual prohíbe que las aportaciones de militantes o simpatizantes se realice a través de descuentos vía nómina a trabajadores, entró en vigor en el mes de diciembre de 2015″, justificó el partido tricolor.
Sin embargo, el PRI no acreditó con documentos y recibos las aportaciones que supuestamente realizaron los militantes por un monto de 2.9 millones de pesos.
«Debido a que con el cambio de administración y en virtud de que la mayoría de nuestros militantes son trabajadores del Gobierno del Estado causaron baja un número importante de ellos, localizarlos en sus domicilios particulares requería de más tiempo», alegó el partido.
Debido a las diversas inconsistencias encontradas en los recibos de aportación, el INE también determinó multar al PRI por 4.4 millones de pesos.