Después de un año y cinco meses de la reacción armada contra comuneros de Ostula, Michoacán, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirmó el “uso ilegítimo de la fuerza” por parte del Ejército Mexicano que provocó la muerte de un niño de 12 años y heridas en varias personas.
“Se acreditó que 15 militares del 65 Batallón de Infantería dispararon, lo que tuvo como resultado 6 lesionados y un menor fallecido, en tanto que 17 testigos observaron a militares disparar”, señaló la CNDH en la Recomendación 65/2016 dirigida al secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda, así como al gobernador Silvano Aureoles Conejo.
De acuerdo con sus investigaciones, las agresiones a la población civil ocurrieron en tres puntos de la carretera Tecomán-Lázaro Cárdenas: Xayakalán, Duin y Puente de Ixtapilla, donde los comuneros instalaron retenes para evitar que se llevaran a Semeí Verdía Zepeda, líder de los autodefensas de la región.
Semeí Verdía había sido arrestado en un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina Armada de México (Semar) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán.
En Xayakalán se vulneró el derecho a la legalidad en agravio de alrededor de 50 pobladores, por un militar del 65° Batallón, quien empleó “de modo indebido el uso de la fuerza letal”, disparando al aire en dos ocasiones desde un vehículo en movimiento.
Durante el bloqueo en Duin, se vulneró el derecho a la integridad personal en agravio de cuatro personas, las cuales resultaron heridas por miembros de la SSP, quienes utilizaron gases lacrimógenos, pimienta y bombas de humo contra dichas personas.
En Puente de Ixtapilla, “se violentó el derecho a la integridad personal en agravio de seis personas y a la vida en agravio de un niño, por el uso ilegítimo de armas letales de 15 militares del 65° Batallón.
“Las trayectorias de los impactos en un restaurante y en una casa coincidieron con las circunstancias en la que los militares del 65° Batallón se ubicaban cuando pasaron por este punto de la carretera”, expone el documento.
La CNDH indicó que la población civil agredió verbal y físicamente con palos y piedras al convoy de vehículos oficiales, pero no acreditó que los comuneros dispararan contra ellos en Puente de Ixtapillia.
Por lo anterior, el organismo humanitario recomendó a la Sedena reparar el daño a las víctimas directas e indirectas conforme a la Ley General de Víctimas, además de girar instrucciones a quien corresponda para presentar una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia Militar que permita investigar a los militares que participaron en los hechos, por faltas a la disciplina militar.
En cuanto al gobernador de Michoacán, le solicitó reparar el daño a cuatro víctimas directas e indirectas, además de inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas.
Asimismo, investigar al servidor público de la SSP que firmó oficios con datos falsos remitidos a la CNDH y dar vista a la Secretaría de la Contraloría para que inicie un procedimiento de responsabilidad administrativa.
“Se le solicita colaborar en la Averiguación Previa que se instruye ante PGR y en el procedimiento administrativo que inicie con motivo de la queja que la CNDH presente ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de Michoacán, y aportar esta Recomendación como elemento de prueba ante ambas dependencias.
Además, “iniciar los procedimientos disciplinarios previstos en el Protocolo de actuación policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo para la detención de presuntos infractores y probables responsables, contra los agentes de la SSP participantes en los hechos, y reformar el Protocolo o diseñar un Manual que regule la actuación de la fuerza policial”, concluye el documento.
(Con información de Proceso y Aristegui Noticias).