El pasado domingo el gobierno de Ignacio Peralta cumplió 10 meses. Es un gobierno en ciernes todavía, pero consciente de que si no soluciona el tema financiero, en una primera instancia, difícilmente resolverá cualquier otra cosa en el futuro.
Y es que no le queda de otra al gobierno que actuar –con acciones claras y bien orientadas– para resarcir los más de mil 700 millones de pesos que tiene como déficit, cantidad que se ha ido acumulando desde las últimas administraciones y que ahora es un lastre para el gobierno estatal.
Es plausible, en ese sentido, que la Secretaría de Planeación y Finanzas aclarara que en el 2017 no aumentará el personal administrativo, y precisara, además, que no se solicitará un crédito de 700 millones de pesos sino uno inferior a los 300 millones, cantidad que –dijo Carlos Noriega– es manejable y que no se acumulará a la deuda, pues se pagará a corto plazo.
Para mejorar su situación financiera el gobierno vendió el avión del gobierno del estado, cuyo resguardo y mantenimiento generaba un fuerte pasivo en las arcas públicas. La adjudicación de la aeronave fue por 2 millones 150 mil dólares. Dicho recurso será no para el pago corriente, sino para la inversión de obra pública de gran demanda, como la creación de una unidad de oftalmología y oftalmocirugía.
La concesión del parque regional Griselda Álvarez también le permitirá al gobierno quitarse de un pasivo anual de 2 millones de pesos. Sin embargo, este proceso debe ser totalmente transparente y coadyuvar a que el proyecto se concrete para así generar los más de 600 empleos que se ocupan en ese espacio y construir la nueva infraestructura, además de asegurarse de que todos los colimenses puedan gozar de este espacio en un futuro y que los animales estén en mejores condiciones que las actuales.
En la medida que el gobierno de Ignacio Peralta resuelva la dura situación económica que le heredó la administración anguianista tendrá un mayor margen de acción para combatir la inseguridad, pero con una perspectiva transversal y con énfasis en la prevención. Y es que una política pública debe ser integral.
Si tiene una buena salud financiera, el gobierno adquirirá mejor equipamiento y aumentará el número de elementos de seguridad (actualmente se requieren cerca de 600 policías); mejorará las campañas de prevención de adicciones y fortalecerá los tratamientos de rehabilitación. Si el gobierno logra disminuir la demanda de droga, en esa misma proporción, decrecerá la inseguridad, pues sin consumidores no hay mercado. Y si no hay mercado, no hay negocio.
Dos puntos
Actualmente la violencia desatada en las calles es por el control del narcomenudeo: algunas de las muertes también están relacionados con el ajuste de cuentas y como una señal inequívoca de escarmiento para los consumidores que adeudan grandes o pocas cantidades.
Un gobierno con buenas finanzas puede hacerle frente a cualquier reto. Sin embargo, reitero, se requerirá de un fuerte llamado a la sociedad para, desde su esfera, cada uno de nosotros –padres de familia, profesores, estudiantes- concientice sobre los riesgos de la drogadicción. Ese un punto toral.