Los ocho exdiputados que se autorizaron y recibieron un recurso extraordinario por 50 mil y 100 mil pesos no serán inhabilitados ni deberán regresar el dinero, determinaron ayer sus sucesores del PRI, PAN, PT, Verde y Nueva Alianza.
En la sesión legislativa de ayer, el priista Federico Rangel Lozano leyó el dictamen de la Comisión de Hacienda sobre la cuenta pública del Poder Legislativo correspondiente al ejercicio fiscal 2015 en la que únicamente impone una amonestación pública a los ex legisladores.
Aunque originalmente el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización (Osafig) consideró que ocho ex legisladores se asignaron bonos prohibidos por la Constitución, la citada Comisión estimó que no fue así.
«Jurídicamente el citado apoyo económico no constituye un bono o gratificación prohibido constitucional y legalmente, toda vez que dicho recurso económico sí se justifica por los ex diputados ya que no fue autorizado como una percepción propia sino que fue asignado para cubrir las prestaciones del personal que realizó las actividades de asesoría», indica el dictamen.
Sin embargo, los diputados consideraron que en la autorización debió ordenarse la comprobación de los gastos, motivo por que consideraron «oportuno» aplicar únicamente una amonestación pública.
A su vez, el diputado priista Santiago Chávez Chávez, presidente de la Comisión de Hacienda, detalló que los legisladores señalados sí comprobaron el gasto ante él.
Para Leticia Zepeda Mesina, legisladora de Movimiento Ciudadano, el dictamen demuestra una fiscalización simulada.
El proyecto tuvo 17 votos a favor del PRI, PAN, PT, Verde y Nueva Alianza y cuatro votos en contra de MC e independientes.
En el informe de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015, el Osafig propuso inhabilitar por un año a los ex diputados Gina Rocha (PAN), Jesús Villanueva (Panal), Francisco Rodríguez (PRD), Mariano Trillo (PVEM), Marco Barajas (PT), y a los priistas Martín Flores, Óscar Valdovinos Anguiano y Arturo García Arias.
Además de destituirlos de los cargos públicos que actualmente desempeñan, se sugirió imponer una sanción económica resarcitoria de 50 mil pesos a los primeros seis ex diputados y de 100 mil pesos a los últimos dos.