Al detectarse compensaciones extraordinarias, obras inexistentes y material pagado a sobreprecio, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) propuso al Congreso del Estado de Colima sancionar a 21 funcionarios de la anterior administración del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, encabezada por la perredista Indira Vizcaíno Silva.
De acuerdo al informe de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015, trece funcionarios municipales cobraron una compensación extraordinaria de entre 10 mil y 15 mil pesos en la última quincena de la administración municipal «sin estar contemplados en el Presupuesto de Egresos».
El monto equivale a 169 mil pesos. Según el documento, 125 mil ya fueron reintegrados pero «no pueden considerarse como restituidos» porque están como «garantía» en el proceso de fiscalización y, por lo tanto, el municipio no puede disponer de ellos.
Por tal razón, el Osafig propuso inhabilitar por tres años y sancionar con 169 mil pesos a la ex tesorera municipal Fabiola Verduzco Aparicio. Además, sancionar con 308 mil pesos a la ex Oficial Mayor Guadalupe Solís Ramírez.
Contra los otros once funcionarios propuso una amonestación pública y devolver el bono extraordinario que recibieron.
El Osafig también encontró que Solís Ramírez compró dos vehículos modelo 2016 a Automotores de Colima S.A de C.V, omitiendo el procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores.
Asimismo, propuso amonestar al ex síndico Juan Manuel Preciado Barbosa por someter a la autorización del Cabildo la enajenación de cinco predios con un valor de 20 pesos el metro cuadrado, un precio «desproporcionadamente bajo, incluso al valor catastral».
Por irregularidades en obras públicas, el Órgano propuso 31 amonestaciones, una multa por 20 mil pesos, el reintegro de 915 mil pesos y cinco inhabilitaciones de un año cada una contra Adolfo Núñez Galindo, ex director de Desarrollo Urbano.
La auditoría detectó el pago de 207 mil pesos a Constructora Elema S.A. de C.V. por el techo no realizado de una cancha, además de haber pagado 104 mil pesos de sobreprecio en acero.
Además, el Osafig no encontró evidencia de la aplicación de pintura en una estructura metálica por la que el municipio pagó 164 mil pesos. También se detectó el pago de 4 mil 700 pesos por sobreprecio de concreto con la misma empresa.
De igual forma, se detectó que el Ayuntamiento reportó mejoramiento de cuartos, techos y baños en cuatro viviendas «que no fueron encontradas ni identificadas», lo que representa un daño a la hacienda pública por 170 mil pesos.
Otras obras pagadas pero no ejecutadas son: la colocación de dalas de cerramiento en 33 viviendas, equivalente a 117 mil pesos; la aplicación de pintura en 29 viviendas, equivalente a 53 mil pesos; y, la realización de cuatro techos, equivalente a 91 mil pesos.
De igual forma se encontró la colocación de empedrado «que presenta hundimientos y abundamiento por un deficiente proceso de ejecución» por el que se pagó 19 mil pesos.
A más tardar el 30 de noviembre, el Congreso del Estado de Colima deberá calificar las cuentas públicas y determinar las sanciones contra los funcionarios señalados.