La ex presidenta municipal de Cuauhtémoc Indira Vizcaíno Silva aseguró que el caso de Altozano no fue un acto de corrupción y aseguró que «existe una necesidad» de dañar su imagen.
«No se hizo nada mal, todo estuvo apegado a Derecho, no participamos en actos de corrupción y debe limpiarse esa imagen que se intentó crear alrededor de Indira Vizcaíno», declaró la perredista esta tarde en rueda de prensa.
«No puedo permitir que mentiras de personas que no tienen más que mala fe y malas intenciones llegan a este nivel. No solamente dañan la imagen de Indira y la esperanza de la sociedad que las cosas pueden ser distintas, sino que también de forma directa están dañando a mi familia, por eso a mí que me esculquen, que revisen lo que tengan que revisar», agregó.
Vizcaíno Silva dijo que las casi 7 hectáreas cedidas por Altozano al Ayuntamiento «están en el potrero» al exterior del fraccionamiento exclusivo, por lo que «unos terrenos de afuera no valen lo que valen adentro».
Señaló que el avalúo arrojó un valor comercial de 10 millones 700 mil pesos, los cuales fueron sustitudos por un terreno más grande y urbanizado para el recinto ferial, el complejo de seguridad y una hectárea más para ampliar el panteón municipal.
En ese sentido, sostuvo que el Ayuntamiento «recibió más de lo que originalmente Altozano pretendía dar al municipio».
La actual secretaria de Desarrollo Social de Colima informó que hizo llegar un oficio al titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización (Osafig) para ponerse a su disposición en la investigación sobre el caso que ordenó el Congreso del Estado, a petición del diputado panista Alejandro García Rivera.
Al respecto, consideró que la investigación tiene fines políticos más que jurídicos, por lo que lanzó acusaciones en contra de García Rivera y del actual alcalde de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez, quien «ya no sabe cómo llamar la atención para ganarse legitimidad».
«Ya no sabemos si Alejandro presenta esto por ser yerno de Jorge Luis Preciado, si Rafa porque tiene relación cercana a Jorge Luis, si es por no haber aceptado ser candidata a diputada federal con el PAN, si es por no aceptar los 10 millones que se nos ofrecieron, si es por haber clausurado el Castillo de Montitlán por no pagar permiso de construcciones.
«Esos sí son actos de corrupción que no permitimos en el ayuntamiento y desde entonces no nos han perdonado», señaló.