Miguel de la Madrid Andrade, gerente del fraccionamiento de lujo Altozano, aseguró que la permuta de terrenos realizada con la administración de Indira Vizcaíno fue legal y que tienen toda la “disposición” de atender cualquier requerimiento que les solicite el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig).
En rueda de prensa, de la Madrid aseguró que Altozano actuó conforme a disposiciones legales y de forma transparente.
“Estamos aquí de frente y desde luego en la total disposición de atender cualquier requerimiento del Osafig y de entregarle toda la documentación necesaria para facilitar cualquier revisión que se realice y demostrar que todo está apegado a la ley”, aseveró.
— “¿No hay ningún tipo de negociación por debajo de la mesa?”, preguntó un reportero
— “Te lo digo a los ojos: absolutamente no», respondió.
Explicó que la administración de Indira Vizcaíno consideró que el terreno que Altozano debía cederle al Ayuntamiento de Cuauhtémoc no tendría un “real beneficio social por su ubicación y difícil acceso”.
Por lo anterior, continuó, el Ayuntamiento solicitó que estos terrenos fueran sustituidos por unos con mejor ubicación, quedándose así con las más de nueve hectáreas donde actualmente se encuentra el recinto ferial y el Complejo de Seguridad Pública del Gobierno del Estado.
“Los desarrolladores urbanos están obligados a entregar áreas de cesión en la cantidad de metros cuadrados que corresponda, y no en valor económico (…) Las áreas son única y exclusivamente para fines sociales, jardines, escuelas; estas áreas no pueden ser vendidas por el Ayuntamiento. Lo prohíbe la ley”, señaló.
Javier Álvarez, consultor en desarrollo urbano, refirió que en este caso se aplicó la Ley de Asentamientos Humanos y ejemplificó: “Cuando tú vas a hacer un desarrollo, tú estás obligado a dar metros cuadrados, nunca se habla de dinero. Por eso te pide los mismos metros cuadrados en Santa Bárbara que en Nuevo Milenio”.
Álvarez dijo que él mismo fue el encargado de hacer la modificación al programa parcial de Altozano para la permuta de los terrenos y a petición de la entonces presidenta municipal, Indira Vizcaíno, acudió al Osafig para corroborar que el documento estaba de acuerdo a la ley que refiere y “dictaminaron que era correcto el procedimiento”.
Indicaron que el artículo 298 de la Ley de Asentamientos Humanos no es “aplicable” en este caso ya que “se refiere a predios intraurbanos o a predios rústicos que estén junto a un área ya desarrollada, que no es el caso y además deben tener una extensión no mayor a 10 mil metros cuadrados”.
Agregaron que desde que Mendoza Godínez encabeza el Ayuntamiento, han tenido “obstáculos administrativos” puesto que se negaron a publicar en el Periódico Oficial del Estado la modificación del plan parcial del desarrollo.
Lo anterior, detalló, los obligó a demandar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo donde obtuvieron un fallo favorable. Señalaron que el Ayuntamiento se amparó por esta resolución pero le fue desechado.