Inspectores de un Ayuntamiento pretendían que un ciudadano dedicado a actividades de reciclaje tramitara su licencia comercial y se registrara ante la Secretaría de Hacienda. En esta descripción abstracta parece lógico que todo ciudadano dedicado a una actividad comercial deba regularizarse y cumplir con sus obligaciones fiscales.
Pero el ciudadano en cuestión, además de ser una persona discapacitada y sin empleo formal, recibe aproximadamente cien pesos semanales por el cartón y plástico que recolecta en su vecindario. Con esta información parece absurdo que los inspectores del gobierno municipal pretendieran hacer cumplir la ley con tal cabalidad, sobre todo porque es cuestionable que el ciudadano inquirido realizara una actividad propiamente comercial.
Pero parece que una franja de la opinión pública entendió el absurdo y obligó a los actores políticos para que intercedieran a favor del ciudadano. Ahora nuestro reciclador podrá seguir trabajando en paz, en las mismas condiciones de desprotección y sorteando por cuenta propia las carencias de siempre.
Formalizarse y pagar impuestos tiene su lógica en un Estado que funciona. Pero seguramente este reciclador no hubiera accedido a ningún beneficio por su regularización. Sus magros no hubieran aumentado pues en Colima no hay un sistema que regule el reciclaje, y de hecho el monopolio de esta actividad mantiene precios bajísimos para quienes recolectan y ganancias altísimas para quienes reciben y comercializan. De servicios de salud, seguridad laboral y beneficios económicos como los que tienen casi todos los burócratas ni hablemos.
Pareciera que en México los problemas sociales son parte de un reality show. Los medios de comunicación presentan al concursante, el público se identifica con su historia y la gente toma postura para que los políticos actúen selectivamente. Así pasó con nuestro reciclador y así pasa con el “justiciero anónimo”.
Por años los secuestros, la extorsión y los asaltos se han convertido en una realidad que exprime el hígado de quienes no pueden vivir tranquilos en este país. Las autoridades encargadas de impartir justicia son ineficientes, rara vez resuelven casos, son torpes para prevenir la delincuencia y la atención a las víctimas parece una burla.
Resulta lógico que cuando aparece un individuo que dispara a mansalva para asesinar a un grupo de presuntos asaltantes, y las energías del Estado se focalizan en buscarlo para hacer cumplir la ley, el público reacciona ante el absurdo y lo convierte en héroe nacional.
La sociedad clama y ejerce justicia por la propia mano. Justicia selectiva y pasional frente a la imposibilidad de una justicia razonable y para todos.
Claro que en el caso del reciclador hay muchos que ciegamente se apegan a la ley y justifican su obligación de pagar impuestos. Respecto al “justiciero anónimo” hay personas que no justifican su actuar y exigen que rinda cuentas frente a la ley. Este es un debate entre un mundo ideal y una realidad disparatada por el que que la sociedad no debería estar pasando si el Estado funcionara.
Ante la ausencia de Estado se impone la ley donde cada quién tiene lo que se merece de acuerdo al humor popular: los que evaden impuestos son inteligentes, para los que abusan del poder sólo queda la exhibición con hashtags, para los desfavorecidos mejor que nadie los moleste en su lucha por la supervivencia. En nuestro país los violentados tienen justicia porque andan en malos pasos y los que ajustician delincuentes merecen aplausos. México es un cruel reality show.