La organización civil Fondo Regional Náhuatl de Colima utiliza documentos de habitantes de Suchitlán para bajar recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) que terminan en manos de sus familiares y sujetos ajenos, acusó Marco Octavio Díaz Manzo, habitante de la comunidad.
En rueda de prensa en las oficinas estatales del PRD, explicó que del año 2005 al 2013 se asignaron 7 millones 271 mil pesos al Fondo Regional Náhuatl con el objetivo de llevar a cabo proyectos productivos de los habitantes de la comunidad.
Desde 2014, continuó Díaz, varios habitantes inconformes solicitaron al Fondo transparentar esos recursos ya que no tienen la certeza de que lleguen a las personas de la comunidad.
“Esos recursos se los reparten en su mayoría entre familiares cercanos a los que están en la directiva del Fondo Regional (…) Algunos de los recursos no llegaban a las personas porque solamente utilizaban sus documentos para presentar el proyecto y el recurso quedaba en manos de la ex presidenta de la mesa directiva María Eugenia Cruz Montes”, señaló.
Díaz Manzo indicó que hay “muchas irregularidades” como un gimnasio que “está en manos” de María Eugenia, sin embargo, cuatro personas de la comunidad aparecen como “deudoras” del proyecto, pese a que éstas no recibieron ningún recurso económico.
También Raymundo Asencio aparece con una deuda de 165 mil pesos por un proyecto ganadero , pero aseguró que nunca obtuvo el recurso.
Incluso, comentó que él mismo firmó un pagaré al que le posteriormente le alteraron la fecha de vencimiento y la tasa de interés, de acuerdo con los resultados que arrojaron dos peritajes en documentoscopia.
A decir de Díaz Manzo, desde que se fundó el Fondo, María Eugenia ha ocupado varios cargos dentro de la directiva como el de presidenta y secretaria, además de que se ha negado a proporcionarles información de los recursos recibidos del año 2000 al 2013 “para no salir más perjudicada”.
Informó que buscaron asesoría en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedescol) cuando era encabezada por Rigoberto Salazar, ya que ahí hay un representante de la CDI, pero sintieron “que hubo protección de parte de él (Rigoberto) hacia ella (María Eugenia).
Díaz criticó que los directivos del Fondo Regional no sean personas originarias de Suchitlán, ya que el actual presidente, Pablo Alfredo Ceja Herrera, es originario del Distrito Federal.
“¿Por qué personas que no son ni si quiera de la comunidad vienen a aprovecharse y bajar recursos y no entregárselos a las personas que verdaderamente lo necesitan?”, cuestionó.
Por su parte, la delegada del PRD en Colima, Martha Zepeda informó que el próximo jueves acudirán al Órgano de Control de la CDI para proceder legalmente.
“Vamos a buscar que esta cloaca de irregularidades sea destapada y que esta asociación civil que ha malversado los fondos destinados a los pueblos indígenas, ya no reciban más fondos y que en verdad sean destinados a las comunidades indígenas”.
La semana pasada, Ángel Guardián reveló que en febrero de 2014 Alida Fuentes Ceballos, esposa del ex secretario de Desarrollo Social Rigoberto Salazar, junto a siete personas, constituyó el grupo de trabajo «Cabañas La Nogalera» para proponer el proyecto «Centro Ecoturístico La Nogalera» en un terreno donado por el funcionario estatal.
Un día después, la Asamblea Ejidal de la Nogalera autorizó que el proyecto se presentara para obtener recursos del programa del CDI. Ese mismo año, la organización recibió 250 mil pesos para desarrollar el proyecto y un año después recibió 850 mil pesos para su ejecución. Es decir, 1 millón 100 mil pesos aunque el costo total proyectado es de 4.3 millones de pesos.