Con un precio de 170 millones de pesos, el Gobierno del Estado de Colima adquirió 93 hectáreas de la zona arqueológica de La Campana, en Villa de Álvarez, para construir un parque metropolitano.
La compraventa —entre el Gobierno y la Inmobiliaria Campestre de Colima S.A. de C.V.— se realizó el 16 de abril de 2016 pero se anunció públicamente hasta el 9 de junio.
Sin embargo, en entrevista con Perriodismo, el abogado Héctor Mancilla Cárdenas denunció que el terreno vendido pertenece a su cliente Rubén Valladares Ochoa, del cual tiene posesión desde el año 1981.
El 8 de abril a las 12 del día, ocho días antes de la compraventa, Héctor Mancilla fue detenido por doce elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en una calle del centro de Colima «como el peor delincuente».
Responsabilizó al comandante Oseas Marín García por haberlo privado ilegalmente de su libertad durante siete horas en las instalaciones de la Procuraduría. Además, denunció que en ese lapso le colocaron una pistola en la cabeza y lo torturaron psicológicamente.
«Cuando me detuvieron lo primero que me dijo uno de los agentes fue ‘Ya valiste verga, pendejo, te metiste con un terreno de Gobierno’, siendo que el terreno ni siquiera era propiedad del Gobierno», narró.
«(El comandante) empezó: ‘Tú a mí me vales verga, si quieres que te ayude me tienes que dar esta pinche información’, le dice a un ayudante ‘Tráete los cuatro kilos de ice y el kilo de marihuana, en eso te vamos a ayudar, a que no te plantemos nada.’
«Sacan un envoltorio como tipo ladrillo y me dicen: ‘Aquí tienes un kilo de ice. Con eso decimos que lo encontramos al momento de tu detención y chingaste a tu madre.’
«Me tuvieron incomunicado las siete horas. Me permitieron contestar el teléfono pero con una pistola apuntándome por un lado diciéndome que contestara la llamada y decir que estaba bien para que mis familiares no supieran que estaba detenido», detalló.
Según el abogado, el objetivo de los agentes era obtener la ubicación de Rubén Valladares y de su hijo Antonio Valladares Estrada. A este último lo localizaron el mismo día a las 7 de la tarde y fue remitido al Centro de Readaptación Social (Cereso).
A Rubén, Antonio y Héctor, la Inmobiliaria Campestre de Colima (ICC) los denunció penalmente por el delito de despojo del terreno en disputa, por lo que un juez había girado órdenes de aprehensión en su contra. El primero tramitó un amparo, mientras que los otros dos quedaron en libertad bajo fianza pocos días después.
Según la escritura pública, en el año 1988 la ICC compró a Enedina Barney Gómez las 109 hectáreas que hoy comprenden la zona arqueológica, el Instituto Tecnológico de Colima y la plaza comercial Diamante. Se trata del mismo terreno que Rubén Valladares mantenía en posesión, pero sin escriturar, desde 1981.
En agosto de 2012, Mancilla Cárdenas inició una demanda civil para obtener el título de la propiedad en favor de Rubén Valladares. Sin embargo, en junio de 2015 el proceso «caducó porque no se pudieron lograr varios emplazamientos».
El 5 de octubre de 2015, el abogado presentó nuevamente ante un Juzgado Civil la prescripción positiva en favor de su cliente.
El 17 de noviembre del mismo año solicitó al Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima la anotación de la demanda con el fin de evitar la venta del terreno. La dependencia se negó.
El 9 de mayo de 2016, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ordenó al Instituto del Registro del Territorio la anotación de la demanda, pero el terreno ya estaba vendido.
«Fue una tontería (del Gobierno) porque compraron un terreno que tiene un litigio que tarde que temprano va tener mayor derecho sobre esas escrituras y el Gobierno del Estado va perder la propiedad y va perder el dinero», aseguró.