Tal como ocurrió en el gobierno de Fernando Moreno Peña, miembros del PRD consideran que el despido de 1 mil 50 trabajadores del Poder Ejecutivo representa un nuevo caso de corrupción conocido como «tarjetagate».
A través de un boletín de prensa, las corrientes perredistas Patria Digna y Democracia Social expusieron que la verdadera cantidad de personas despedidas no supera el 25 por ciento de lo anunciado, mientras que el resto se trataría de falsos trabajadores.
«El fondo real de este episodio podría tratarse de un hurto de dinero por parte de unos pocos funcionarios de primer nivel, como sucedió en tiempos del gobierno de Fernando Moreno Peña», indicaron.
Por tal razón, exhortaron al Gobernador Mario Anguiano Moreno revelar la lista de los trabajadores despedidos porque dada la «magnitud de la injusticia», resulta «inconcebible que más de mil trabajadoras y trabajadores hayan sido afectados de esa manera, sin protestas ni inconformidades».
El comunicado fue respaldado por Adolfo Núñez González, Sergio Ricardo Ruiz, Ricardo Sánchez Arreguín, Juan José Gómez Santos, Héctor Hernández Toscano, Karimi Martínez, José Gabriel Sánchez Castellanos, Salvador Avalos, Jubal Ayala, Francisco Ramos Jiménez, Sara Cernas, Eduardo Bravo, Jaime Sotelo García, Cristian Bolaños, Luis Avendaño, Ramón Brambila, Alejandro Rodríguez Alvarado y Félix Sánchez.
El 11 de marzo de 2004, elementos de la Policía Federal detuvieron en Puerto Vallarta a Manuel Mejía Rosas, entonces trabajador del gobierno estatal, quien traía consigo 82 tarjetas de débito Banamex de la nómina oficial. Por esta razón, el caso recibió el nombre de «tarjetagate».
Mejía Rosas reconoció que las tarjetas fueron entregadas por Concepción Llerenas Tejeda, entonces coordinadora administrativa de la Secretaría de Administración del Estado, con la encomienda de retirar el dinero en cajeros automáticos cada quincena. Esta acción la realizaba comúnmente en Puerto Vallarta, Jalisco.
Los retiros quincenales comenzaron en julio 2003 por una cantidad de entre un millón y un millón y medio de pesos para, presuntamente, pagar la nómina del gobierno estatal.
El Gobierno del Estado afirmó que el caso ya era investigado porque las 82 tarjetas habían sido robadas pero no se había dado a conocer a la opinión pública. Asimismo, decretó libertad a Manuel Mejía por no encontrarse elementos suficientes que acreditaran su delito.
En 2008, el Congreso del Estado exoneró a Concepción Llerenas bajo el argumento de que «con tantos trabajadores» pudo existir un error involuntario que no ameritaba sanción.
Tanto la Procuraduría de Justicia del Estado como la Procuraduría General de la República concluyeron que no hubo delito.