Fue la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la que exhibió las obras públicas en desuso o inconclusas del Gobierno del Estado de Colima, y no el presidente estatal de Morena, Vladimir Parra Barragán.
Así respondió el propio dirigente partidista a través de un comunicado de prensa luego de que la Secretaría de Desarrollo Urbano lo acusara de mentir sobre la situación de esas obras.
En ese sentido, Vladimir Parra afirmó que el Gobierno del Estado de Colima no tiene calidad moral para acusar a organizaciones y personas de mentir, cuando reconoció que su ex secretario de Finanzas, Clemente Mendoza Martínez, desvió 600 millones de pesos y no han procedido legalmente en su contra.
«Todos los casos a los que hacemos mención se encuentran en los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de tal manera que son señalamientos totalmente fundamentados y de ninguna manera dolosos o inventados por mi persona al frente de Morena Colima», puntualizó.
En ese sentido recordó que la ASF interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del Gobierno estatal por las irregularidades detectadas como:
- El desuso del Centro de Justicia para Mujeres y «conceptos pagados no ejecutados» por 289 mil 400 pesos y «conceptos no ejecutados de acuerdo con lo contratado» por 71 mil 600 pesos.
- El desuso de la Unidad Especializada del Combate al Secuestro y la erogación de 5 millones 459 mil pesos para un contrato por adjudicación directa con un dictamen donde «no se fundó ni motivó debidamente». Además, se detectaron «conceptos pagados no ejecutados» por 176 mil 800 pesos, y «el avance de la obra no fue congruente con el programa de ejecución».
- El desuso del Centro Regional de Emergencias y el pago de «conceptos no ejecutados» por 35 mil 100 pesos y «conceptos no ejecutados de acuerdo con lo contratado» por 33 mil 200 pesos.
- La asignación por adjudicación directa de un contrato por 4 millones 508 mil pesos por la construcción de la Unidad Genética Forense sin estar «fundada ni motivada», por lo que no se garantizaron los criterios de economía, oportunidad, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia.
«No obstante las observaciones fundamentadas, lamentamos la actuación de la Secretaría de Desarrollo Urbano, que lejos de hacer aclaraciones, opta por mantener una actitud a la defensiva, donde además parece tratar de desviar la atención de la opinión pública, obviando la crisis financiera del gobierno estatal», añadió.
Calificó de «irresponsable» la «larga lista de deficiencias financieras» que registró el gobierno de Mario Anguiano Moreno, como el derroche en gastos personales y la asignación de contratos a la Segunda Dama del mandatario.
Asimismo, consideró que aún falta aclarar otras irregularidades como el adeudo de cinco bimestres de pensión a adultos mayores y la deuda pública que supera los 2 mil millones de pesos.
«La actual crisis financiera debe obligar a Mario Anguiano junto con su gabinete a rendir cuentas a la ciudadanía, renunciar a su cargo y enfrentar la responsabilidad que implica haber desfalcado al estado de los recursos públicos, afectando a miles de familias colimenses», sentenció.
Finalmente, Parra Barragán reiteró la exigencia para que se realice una «investigación a fondo» y se castigue «con todo el rigor de la ley» a Mario Anguiano, Rafael Gutiérrez Villalobos, Blanca Isabel Ávalos y ex funcionarios como Jesús Orozco Alfaro, Óscar Zurroza y Clemente Mendoza Martínez.
A su comunicado de prensa, Vladimir Parra adjuntó el informe de observaciones realizado por la ASF.