Bitácora reporteril
Un ataque frontal al narcotráfico, sólo por la vía armada y la persecución policial de los cabecillas de los cárteles, está destinada al fracaso sino es complementada con una estrategia para anular sus estructuras financieras.
Desde el periodo presidencial de Felipe Calderón (2006-2012), hasta el actual gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la lucha contra el crimen organizado no ha variado. Son los mismos resultados y continúa la consecuente pérdida de vidas.
Es igual porque el punto débil, medular de los grupos delictivos, no se ha tocado: las estructuras financieras de los cárteles siguen incólumes y operan sin problema, en algunos casos con la complicidad de las grandes instituciones bancarias.
Lamentablemente, los narcotraficantes, a pesar de ser capturados y hallados culpables, preservan sus propiedades y cuentas bancarias, sin merma del peculio que consiguieron con su actividad delictiva.
La prueba de ello es la fuga del Chapo Guzmán, que logró su libertad gracias al poder económico que todavía tiene, a pesar de que ya tenía más de un año en la cárcel. ¿Cuántos narcotraficantes están en las mismas condiciones?
Dos puntos:
El presidente Enrique Peña Nieto debe tomar cartas en el asunto para reformar el sistema penitenciario, además de sacar de la calle a las fuerzas armadas. Su imagen –tanto la de él como la del ejército– está perdiendo credibilidad con las últimas crisis, y aún le faltan tres años para concluir su gobierno.