El domingo a las 5 de la tarde el Ejército, la Policía Federal y la Secretaría de Marina escoltados por dos helicópteros llegaron «tirando balazos» contra los pobladores en la zona de Ixtapilla, municipio de Aquila, en Michoacán.
A este grupo se incorporaron posteriormente los soldados que se encontraban en la comunidad de Santa María Ostula, de quienes se escuchó el grito “¡Arriba los Caballeros Templarios!” mientras disparaban sobre las casas y la población civil.
En conferencia de prensa realizada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., la comunidad de Ostula presentó su versión de los hechos del pasado 19 de julio.
A través de su vocero y jefe de tenencia, Agustín Vera Ramírez denunció la represión estatal contra el ejercicio de sus derechos comunales y la protección de las autoridades al cártel de Los Caballeros Templarios.
Calificó como una traición la detención de Semeí Verdía Zepeda, comandante de la policía comunitaria, pues existía un acuerdo del gobierno estatal para respetar y fortalecer la policía de esta comunidad.
El vocero señaló que minutos antes de su aprehensión, Semeí fue citado por el gobierno a una reunión y después fue retenido acusado de portación de armas de uso exclusivo del Ejército y quema de papelería electoral, cargos que, según Vera Ramírez, resultan ridículos y responden a una consigna previa de “matarlo o encerrarlo”.
Vera Ramírez relató que después de la detención de Semeí, la comunidad estableció retenes en la carretera. Ahí, tres plantones de soldados del batallón número 86 del Ejército —que se hacía pasar por el número 65— quedaron dentro del terreno, amedrentando, golpeando y deteniendo comuneros junto con la Policía Federal.
A las cinco de la tarde arribaron los soldados, los policías federales y los marinos, acompañados de dos helicópteros, con lujo de violencia “tirando balazos” a la comunidad y deteniendo temporalmente comuneros. Posteriormente llegaron más militares y al grito de “¡Arriba los Caballeros Templarios!” dispararon sobre las casas y la población civil.
Para los voceros de la comunidad de Ostula, el fondo de estos sucesos tienen que ver con una serie de acciones represivas del Estado en contra de la organización de su pueblo y como protección a los jefes del cártel de Los Caballeros Templarios que viven y operan dentro de su territorio.
Recordaron que en el año 2009 la comunidad recuperó un terreno que estaba en manos de pequeños propietarios asociados al mencionado cártel, y resaltaron que desde ese momento iniciaron las amenazas y la persecución.
Desde entonces la comunidad registra 32 líderes asesinados y 6 desaparecidos, situación donde, dicen, no ha habido justicia ni se conocen avances de las investigaciones.
La comunidad de Santa María de Ostula sostuvo que existe complicidad de los gobiernos federal y estatal, así como de los altos mandos castrenses, con la delincuencia organizada.
Asimismo, exigieron la liberación de Semeí Verdía así como la reparación de daños del ataque del Ejército y la devolución de cuatro radios de comunicación, un sello, identificaciones del Consejo de Vigilancia, una pistola con registro y cuatro juegos de llaves, así como la presentación de los comuneros desaparecidos y castigo a los autores materiales e intelectuales del asesinato de comuneros desde hace cuatro años.