El Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima (SUTUC), Lic. Luis Enrique Zamorano Manríquez, así como su Comité Ejecutivo Central y Delegados Sindicales, visitaron la Casa de Gobierno del estado de Colima para pedirle al Gobernador el pago de los más de 260 millones de pesos que adeuda a la Universidad de Colima de 2009 a 2014. Situación que para fines mediáticos y oficiales se dio a conocer en el periódico el Comentario (página 14, 7 de julio de 2015), sólo como la visita del SUTUC para que el gobernador cumpliera con su promesa de abonar 30 millones de pesos al Fondo Social de Apoyo al Pensionado (FOSAP) de la Universidad de Colima.
No hay documento firmado por parte del gobernador de Colima, Lic. Mario Anguiano Moreno, para cumplir con ese adeudo de 30 millones de pesos; fue solamente un gesto de buena voluntad del Gobernador, que quizá estuvo comprometido a asumir en 2013, por los varios cientos de millones de pesos que debe su administración por concepto de presupuesto ordinario estatal que no se entregó a la Universidad a razón promedio anual de 46 millones de pesos y, a las cantidades millonarias equivalentes de falta de pago, que dejó el anterior Gobernador. Que en cifras no oficiales, ambos gobernadores adeudan cerca de 500 millones de pesos a la Universidad.
Con la crisis financiera actual del Gobernador en varios sectores de su administración, y con la falta de calidad moral que se le señala, no le resultará difícil faltar nuevamente a ese compromiso verbal que ocurrió entre las partes en 2013.
En adición, resulta muy desafortunada la actuación del Secretario General del SUTUC en su reciente visita al gobernador para hacerle el trabajo al Rector en el cobro de los millones de pesos que adeuda el gobernador a la Universidad bajo el disfraz del pago al FOSAP. Si el Secretario General del SUTUC está interesado en que ingresen esos 90 millones de pesos a la cuenta bancaria del Fideicomiso FOSAP, está obligado a llevar a su toda su gente a la Rectoría, y exigirle al Rector, que cumpla con los compromisos que firmó para solucionar el conflicto del FOSAP el 28 de febrero de 2013.
Entre los acuerdos firmados por el Rector en ese documento resulta importante mencionar el acuerdo número once: “Por ello, y con el propósito de llegar a acuerdos que contribuyan a la armonía de la UdC, se acordó que la institución aportará a la cuenta del FOSAP la cantidad de $90´000,000.00 (noventa millones), mismos que se cubrirán en el transcurso de los próximos cuatro años. En ese sentido, es recomendable que se establezca con claridad en sus ordenamientos legales de qué fondo se deban cubrir los citados conceptos de ingresos de Jubilados y Pensionados, para evitar en el futuro problemas como los aquí expuestos”.
Y más importante, las únicas personas que firmaron este y los otros diez acuerdos sobre el FOSAP fueron: M. en A José Eduardo Hernández Nava, Rector de la Universidad de Colima; Dr. Leonardo César Gutiérrez Chávez, Secretario General del SUTUC; Lic. Juan José Guerrero Rolón, Director General de Recursos Humanos de la Universidad de Colima; Lic. Luis Enrique Zamorano Manríquez, Comisionado del FOSAP por el SUTUC; Lic. Elías Flores García, Comisionado del FOSAP por la Universidad de Colima. ¿Alguien sabe si el Rector ya depositó los 22.5 millones de pesos que se comprometió a hacer cada año al FOSAP hasta completar los 90 millones en los cuatro años de su administración?
Por lo tanto, ante estos eventos de simulación del actual líder del SUTUC con el gobernador respecto al FOSAP, para intentar darle una ayuda al Rector en estos momentos tan difíciles cuando, bajo la mirada de las auditorias externas, se le está cayendo a pedazos la organización financiera de la Universidad, dejan muy claro a los universitarios y la sociedad de Colima, el amplio espectro de complicidades económicas y políticas entre el Rector, el gobernador, la Federación de Estudiantes Colimenses, y ahora, debemos añadir al Secretario General del SUTUC.
Situaciones que en su conjunto, operan a diario en nuestra Universidad en un deterioro constante en la calidad de la educación que se vive en las aulas, en las oficinas, en los talleres y centros de investigación por la falta de presupuesto ordinario para sus operaciones y tareas básicas. Larga espera se le hará al Rector el ingreso de los estudiantes de bachillerato y licenciatura, ya que con sus pagos obligados de altas cuotas de inscripción, talleres y anexos, lograrán darle una transfusión económica a la institución para tapar los hoyos de la corrupción universitaria.