La Universidad de Colima fue auditada por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) sobre el ejercicio 2012 obteniendo un resultado negativo. Fueron diez las observaciones que planteó la ASF respecto de la información incompleta que proporcionó la Universidad de Colima. En una de las recomendaciones identificada como resultado número cinco, se le pide a la Universidad de Colima darle continuidad a las acciones emprendidas con el Gobierno del Estado de Colima a fin de promover la gestión de subsidios con recursos estatales que le permitan atender sus gastos de operación, así como incluir la información requerida sobre la plantilla autorizada.
La Universidad de Colima no tuvo más opción que romper el encanto de las complicidades con el Gobierno del Estado de Colima al solicitarle mediante oficio número 259/2014 de fecha 01 de abril de 2014 al Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Colima la entrega de 261 millones 732 mil 642 pesos que por concepto de subsidio estatal ordinario y extraordinario adeuda desde enero de 2009 a marzo de 2014.
Parte del origen de estas complicidades entre el gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, y los rectores de la Universidad, se puede apreciar con el desglose del dinero autorizado por el Congreso del Estado de Colima pero no entregado a la Universidad de la siguiente manera: 186 millones 606 mil autorizados como subsidio estatal ordinario; de los cuales, 31 millones 101 mil pesos faltaron de entregar en 2009, la historia se repitió en los años siguientes a razón de 38 millones 785 mil pesos en 2010, 48 millones 171 mil en 2011, 56 millones 830 mil pesos en 2012, 50 millones159 mil pesos en 2013 y, a la fecha de corte de 2014, la cantidad de 6 millones 476 mil pesos. Cantidades a las que hay que sumarle el faltante del complemento de subsidio estatal ordinario del ejercicio fiscal de 2013 por la cantidad de 10 millones 422 mil pesos y otra cantidad por 19 millones 786 mil pesos por concepto de subsidio estatal extraordinario en rubros por incremento de platilla, reconocimiento de plantilla y aportaciones múltiples para la educación media superior desde 2009 hasta 2013.
Estos 46 millones de pesos que en promedio dejó de entregarle el gobernador a la Universidad, equivale a los pagos que hacen los 15 mil estudiantes de bachillerato de la Universidad por conceptos como cuota de inscripción y de talleres anualmente. Es decir, se dejó de beneficiar a estos 15 mil estudiantes de bachillerato para proporcionarles una educación gratuita y de calidad. Sin duda, nos gustaría saber en qué se los gastó el gobernador.
En este mismo sentido, y dentro del marco de complicidades del gobernador y los rectores, también debemos incluir a la dirigencia de la Federación de Estudiantes Colimenses (FEC), quien decidió históricamente no defender a sus agremiados para recibir una educación gratuita y de calidad. La FEC no ha querido hacer ninguna acción de presión para obligar al gobernador a entregar ese dinero. Pero ha logrado, tanto hoy como ayer, la postulación de sus líderes estudiantiles a puestos de diputados federales y locales por el partido político al que pertenece el gobernador como agradecimiento, al control de los casi 25 mil estudiantes de bachillerato y licenciatura afiliados afectados anualmente.
Así podemos entender el apoyo incondicional del gobernador hacia la Universidad en temas laborales y penales en contra de trabajadores universitarios. Mientras que con el control político que tiene el gobernador en el Congreso del Estado de Colima, se evitan discutir estos señalamientos y sólo se utiliza al Congreso para entregarle reconocimientos y distinciones a la Universidad de Colima por su obediencia y lealtad. En reciprocidad, los rectores han agradecido implícitamente al Congreso del Estado no hacer nada respecto a la urgencia e importancia de la elaboración de una nueva Ley Orgánica que pueda incrementar la transparencia y la rendición de cuentas, se respeten los derechos humanos y laborales de los universitarios y, se democraticen las actividades académicas y administrativas.
En pocas palabras, tomando el contexto nacional actual, con los hechos recientes de complicidad entre el gobernador y los rectores, el primero hace el equivalente de un cobro de piso a la Universidad similar como lo hace el crimen organizado a los empresarios, por una cantidad promedio anual de 46 millones de pesos. Y por su parte, la Universidad le pide al gobernador la utilización de las Instituciones Púbicas del Estado de Colima para mantener el control político, económico y laboral dentro la institución.
Importante trabajo legislativo tendrán los nuevos integrantes del Congreso del Estado de Colima. ¿Tendrán el interés y la determinación para otorgarle a la Universidad de Colima de una nueva ley orgánica? ¿Vigilarán con atención especial la entrega completa de los recursos estatales a la Universidad de Colima? ¿Exigirán cuentas claras y transparencia por el uso correcto del presupuesto estatal al Rector?