Por suspender la asamblea del domingo de forma arbitraria y por no respetar la decisión de la mayoría, al menos un centenar de comuneros de la localidad indígena de Zacualpan respaldan la destitución de Carlos Guzmán Teodoro, presidente del comisariado de bienes comunales.
En una reunión pública realizada este domingo en el jardín principal de la comunidad, el abogado de la asociación ambientalista Bios Iguana, Jonathan Ochoa Hernández, informó sobre la ilegalidad de la repentina suspensión de la asamblea por parte de Guzmán Teodoro.
Dicha asamblea -donde participan 305 comuneros- estaba inicialmente prevista para las 10 de la mañana. En esa sesión se trataría una posible negociación para aceptar la explotación minera en un cerro de esta comunidad para la extracción de oro, plata y cobre. Sin embargo, tres horas antes de iniciar la sesión, ésta fue suspendida por el propio comisario sin dar explicaciones.
“Legalmente, cuando una asamblea se cancela tiene que levantarse un acta de no verificativo, cosa que no se hizo legalmente”, informó el abogado Ochoa Hernández, quien a su vez levantó un acta de acuerdos de la comunidad que fue firmada por aproximadamente la mitad de los comuneros y unos 300 pobladores.
Este documentó, según explicó Ochoa Hernández, se entregará a la delegación de la Procuraduría Agraria en Colima, la cual en un plazo no mayor a 15 días deberá convocar a una nueva asamblea para ratificar las demandas y acuerdos de los comuneros.
Estos acuerdos son: rechazar el proyecto minero que promueve el ingeniero Rigoberto Verduzco Rodríguez y futuras propuestas de explotación del territorio; la remoción de los integrantes de los órganos de representación y vigilancia por no realizar sus funciones como lo marca la Ley Agraria y convocar a nuevas elecciones; todas las decisiones de desarrollo en la comunidad deberán ser compatibles con el cuidado del medio ambiente.
Al acto acudieron la diputada federal Loretta Ortiz, el alcalde de Comala Braulio Arreguín, el diputado de este municipio Donaldo Zúñiga, el diputado del PVEM Mariano Trillo, y el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) Roberto Chapula de la Mora.
La legisladora Ortiz Alhf afirmó que presentará un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para respetar al pueblo indígena de Zacualpan. Dijo que el tema principal no es la instalación de la mina, sino la violación al territorio que pertenece a los propios pobladores.
Por su parte, el legislador Trillo se comprometió a analizar una propuesta que Bios Iguana planteó para que la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Álvarez (Ciapacov) pague al menos el 20 por ciento de sus ganancias a los pobladores de Zacualpan, lugar donde ‘nace’ el líquido que llega a estos dos municipios.
En su intervención, Chapula de la Mora reconoció el “rechazo generalizado” de los habitantes al proyecto minero. Afirmó que la CDHEC ha sido respetuosa de la Constitución y de las autoridades pero también de los “genuinos defensores de los derechos fundamentales de la sociedad (y) la voz del pueblo”.
Se espera que antes del miércoles se tengan reunidas más de la mitad de las firmas de los comuneros y de los habitantes para entregar el acta a la Procuraduría Agraria y proceder al cumplimiento de las demandas.