Visto el interés despertado por una de las últimas entradas de este blog (“La nueva dictadura alimentaria: tener una semilla en Colombia, hecho constitutivo de delito”, http://ferrermanuel.wordpress.com/2013/08/22/la-nueva-dictadura-alimentaria-tener-una-semilla-en-colombia-hecho-constitutivo-de-delito/), que ha recibido muy numerosas visitas, considero un deber acoger esta llamada a la solidaridad con un mundo amenazado de destrucción.
Las semillas nativas en Colombia han entrado en proceso de privatización en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
Se ha penalizado su uso tradicional, con la consiguiente amenaza para la soberanía alimentaria, la cultura y la megadiversidad, obligando a los campesinos a usar semillas certificadas por distintas transnacionales.
Es imprescindible realizar el mayor esfuerzo por detener este plan gubernamental y así preservar la tradición de los pueblos, la soberanía sobre nuestra tierra y las semillas que durante siglos nos han permitido subsistir. Contribuiremos así a conservar el tesoro genético de las semillas nativas, que han soportado condiciones adversas y permitido la supervivencia de pueblos a los que el Estado había olvidado: los mismos que ahora son amenazados bajo la coacción de una ley injusta que los convierte en infractores y, por consiguiente, merecedores de castigo.
El Congreso de la República expidió la Ley 1518 de 23 de abril de 2012, por medio del cual se aprueba el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) 1991. Se trata de una ley de propiedad intelectual sobre material biológico que aprobó el Congreso para que el presidente Obama bendijera la entrada en vigencia del TLC, ya que una de sus cláusulas es la obligación de suscribir UPOV 1991: tanto el Estado colombiano como Chile, México, Chile, Perú y los países centroamericanos, en sus respectivos TLC, han atendido sin rechistar esa exigencia.
Esa norma protege las semillas manipuladas; prohíbe la siembra, el uso y la multiplicación de las semillas criollas y legitima únicamente la utilización de semillas extranjeras. Además promueve la explotación y apropiación de los recursos naturales en pocas manos y atenta contra el patrimonio genético del país, contra la soberanía alimentaria -en especial de las comunidades campesinas indígenas y afrodescendientes-, y contra los usos y costumbres ancestrales. La norma en cuestión contribuye a debilitar las culturas tradicionales y su modo de relacionarse con la tierra, e ignora que las semillas criollas son fruto del trabajo de varias generaciones que desde épocas ancestrales las han mejorado garantizando la soberanía, la autonomía y la seguridad alimentaria. Por eso, al constituir parte esencial del patrimonio colectivo del pueblo no pueden ser objeto de apropiación por parte de particulares.
La Ley 1518 de 2012, por medio de la cual se aprueba el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, desconoce disposiciones de rango superior y desarrollos normativos y jurisprudenciales internacionales, que consagran la obligación del Estado de garantizar y respetar los derechos de quienes están bajo su jurisdicción y, específicamente, la obligación de velar por la soberanía y seguridad alimentaria de la población.
El Convenio Internacional ratificado por medio de la Ley 1518, que viola el derecho fundamental a la consulta previa de las minorías étnicas, busca la concesión y consecuente protección de derechos de obtentor de géneros y especies vegetales. Establece, por un lado, determinadas condiciones que no pueden cumplir las variedades nativas y criollas, porque el mejoramiento genético que han realizado los agricultores se basa en un enfoque y en principios totalmente diferentes a los que aplican los fitomejoradores modernos; y de otra parte, protege intereses económicos particulares e impone el uso de semillas protegidas legalmente por requerimiento de las empresas transnacionales.
Más información:
http://semillasdeidentidad.blogspot.com.es/2012/07/intervencion-ciudadana-frente-ley-1518.html