Comuneros de Zacualpan cerraron las bombas que surten de agua a la zona metropolitana de Colima y Villa de Álvarez este jueves a partir de las 6:30 de la mañana, sin embargo, once horas más tarde el secretario general de Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez, permitió la entrada de casi un centenar de elementos policiales y judiciales para desalojarlos.
Utilizando por primera vez una tanqueta en un operativo y con al menos 15 patrullas de la policía estatal y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), los elementos se dirigieron aproximadamente a las 5 de la tarde a la planta de agua de Zacualpan para expulsar al centenar de manifestantes.
Los inconformes reclaman al Registro Agrario Nacional (RAN) la validez el acta de la asamblea del domingo 23 de febrero donde se nombró a una nueva dirigencia de Bienes Comunales y se declaró el rechazo definitivo a la instalación de una mina en su comunidad.
El martes 11 de marzo, un grupo de comuneros acudió al RAN buscando obtener la validez oficial, sin embargo, solamente recibieron algunas observaciones de documentos que deben entregar antes de 20 días hábiles, lo que contrasta con la promesa que el propio delegado hizo con ellos el sábado pasado.
Aunque este jueves alrededor de las 2 de la tarde Rueda Sánchez acudió para escuchar los planteamientos de los manifestantes y ordenar el encendido de las bombas, el diálogo no prosperó lo que obligó al funcionario estatal priista ordenar el desalojo de los inconformes.
Las decenas de los elementos protegidos con escudos se lanzaron contra la multitud de manifestantes, empujando sobre todo a niños y mujeres.
En entrevista, Rueda Sánchez descartó el uso de violencia y justificó esta acción para garantizar el abasto de agua a más de 250 mil habitantes de la zona conurbada de Colima-Villa de Álvarez.
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