El Gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, a través de su secretario de Planeación y Finanzas del gobierno del Estado de Colima, Carlos Arturo Noriega García, declaró “culpable” al Rector de la Universidad de Colima por el delito de defraudación fiscal al Sistema de Administración Tributaria (SAT), por un monto de 394 millones de pesos por la evasión fiscal del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en los años fiscales 2013, 2014 y 2015.
Lo anterior puede inferirse del comunicado de prensa que ofreció Noriega García al periodista de Diario de Colima, Hugo Ramírez Pulido, en su edición número 21294 del pasado 26 de septiembre del año en curso donde a ocho columnas se lee: “Pagó gobierno directo al SAT deuda de la UdeC”.
El secretario de Planeación y Finanzas pretender convencer a la sociedad de Colima y a los universitarios afectados que el delito fiscal federal cometido por el Rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava, se pudo deber porque no recibió de las administraciones de Silverio Cavazos y Mario Anguiano las partidas presupuestales aprobadas para la Universidad.
Por cualquier lado que se le quiera ver a este círculo de complicidades, corrupción y tráfico de influencias entre el Rector y los gobernadores de Colima pasados y actual, el delito federal por defraudación fiscal al SAT por 394 millones de pesos fue consumado por la Universidad de Colima en contra de la Hacienda Pública Federal.
Al margen de las gestiones que el Gobernador Peralta Sánchez pueda hacer con la nueva administración del SAT, con la Procuraduría General de la República (PGR), y con su amigo el ex secretario de Hacienda, para evitar que se aplique con todo el rigor y transparencia lo que establece el nuevo Código Penal Fiscal de la Federación en contra del Rector de la Universidad de Colima y todo aquel funcionario universitario y de la administración estatal que resulten responsables, no debe olvidar que para estos casos se establece en el Código mencionado:
“Artículo 108. Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.
“El delito de defraudación fiscal se sancionará con las penas siguientes:
“(…) III. Con prisión de tres a nueve años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de $2,310,520.00 (…)
Si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en una sola exhibición, la pena aplicable podrá atenuarse hasta en un cincuenta por ciento. (Adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 5 de enero de 2004)…”
En pocas palabras, el Rector de la Universidad de Colima, cometió el delito federal de defraudación fiscal en los años 2013, 2014 y 2015. Situación confirmada por el secretario de Planeación y Finanzas del gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez, quien con todo el cinismo y simpleza informó a la sociedad de Colima y a los universitarios que la deuda de la Universidad de Colima con el SAT ya fue pagada gracias a las gestiones del Gobernador. Me resisto a pensar que este capítulo de corrupción y tráfico de influencias termine así de simple.
Por lo anterior, y todo junto con pegado, tengo varias preguntas para nuestro Gobernador:
¿Permitirá José Ignacio Peralta Sánchez llegar a su primer informe de gobierno bañado de las complicidades, corrupción y tráfico de influencias de la delincuencia organizada universitaria encabezada por el rector José Eduardo Hernández Nava?
¿Informará José Ignacio Peralta Sánchez el destino que se le dio la Universidad de Colima a esos 394 millones de pesos en los años señalados?
¿Será este un nuevo estilo de pago de deuda que impondrá José Ignacio Peralta Sánchez con proveedores y empresas que prestan servicios al gobierno del estado violando el nuevo Código Fiscal Penal de la Federación respeto al pago del ISR?
¿Podrán el SAT y la PGR evitar aplicar las penas que establece el Código Fiscal Penal de la Federación por tratarse de complicidades, corrupción y tráfico de influencias entre gobernadores y universidades públicas?
¿Serán estos eventos de defraudación fiscal al SAT por parte de la Universidad, lo que motivará a José Ignacio Peralta Sánchez a promover una nueva Ley Orgánica para la Universidad de Colima en el H. Congreso del Estado?
¿Serán estos eventos de defraudación fiscal al SAT suficientes para que José Ignacio Peralta Sánchez se sacuda de los miembros de la delincuencia organizada universitaria que están en funciones en su gabinete?
¿Entenderá José Ignacio Peralta Sánchez que un grupo de ocho profesores universitarios fueron despedidos de forma injustificada en años recientes por señalar estas y otras complicidades y corrupciones en la Universidad de Colima?
¿Permitirá José Ignacio Peralta Sánchez que la Junta de Conciliación y Arbitraje de Colima continúe operando al servicio de los intereses de la Universidad de Colima, para mantener las demandas de reinstalación de los ocho profesores universitarios afectados en un estado de desinterés, lentitud, opacidad y violación constante al derecho humano y laboral para recibir una justicia pronto y expedita?
Señor gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, la sociedad de Colima, la comunidad universitaria y, en particular, los ochos profesores universitarios despedidos en forma injustificada por la Universidad de Colima por denunciar estos y otros hechos de corrupción al interior de la Universidad, le exigimos respuestas, explicaciones, propuestas, soluciones y la aplicación de la leyes y reglamentos que Usted juró cumplir y hacer cumplir.
Consultar: El SAT con vía libre para procesar al Rector por defraudación fiscal