José Eduardo Hernández Nava, rector y “jefe nato” de la delincuencia organizada universitaria, solicitó un amparo al Juzgado Primero en Materia Administrativa en el Distrito Federal bajo el expediente 1476/2015 en agosto del 2015 para obtener la protección de la Justicia Federal en contra del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el H. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el C. Jefe del Servicio de Administración Tributaria.
El “jefe nato” de la delincuencia organizada universitaria reclamó a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión la aprobación y expedición en perjuicio de la Universidad de Colima de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Al C. Presidente le reclamó la promulgación, orden de cumplimiento y publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Al H. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales le reclamó su omisión de llamar a la Universidad de Colima al procedimiento del recurso de revisión (RDA 2895/15) que solicitó un ciudadano mexicano para obtener la información completa de la forma como la Universidad de Colima retuvo el Impuesto Sobre la Renta a sus trabajadores y su entrega al Sistema de Administración Tributaria. Y al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, como autoridad ejecutora, por la inminente entrega al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de diversa información fiscal de la Universidad de Colima que debe ser catalogada como reservada.
Recordemos los hechos. Los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, basados en el proyecto presentado por la Comisionada ponente María Patricia Kurczyn Villalobos, resolvieron por unanimidad a favor del Dr. Leonardo Cesar Gutiérrez Chávez, su recurso de revisión (RDA 2895/15) para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le entregue la información sobre el manejo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que realizó la Universidad de Colima a sus trabajadores en el periodo 2010 al 2015
Como se estableció en el proyecto de la Comisionada ponente, la Federación, los Estados, los municipios, el Distrito Federal y los organismos descentralizados, como es el caso de la Universidad de Colima, tienen el deber de transparentar la información relativa a la administración de recursos económicos, esto es, sus activos y pasivos. En el proyecto también se resaltó: “…si bien los activos y pasivos económicos relativos de los particulares es información clasificada, que se encuentra resguardada por el secreto fiscal, ello no implica que la información relativa a los activos y pasivos de las personas morales de derecho público se encuentren amparados bajo la obligación de secrecía que importa el secreto fiscal a las autoridades fiscalizadoras”.
Bajo estos y otros argumentos establecidos por la Comisionada ponente, se revocó la respuesta emitida por el SAT al Dr. Leonardo Gutiérrez Chávez donde se le manifestaba que el manejo, administración, retención y entrega del ISR de los trabajadores universitarios por parte de la Universidad de Colima al SAT era de carácter reservado hasta por doce años. Para el 01 de julio de 2015, se determinó en votación unánime, entre otras casas: revocar la respuesta emitida por el Sistema de Administración Tributaria para mantener y conservar como clasificada dicha información hasta por doce años y le dio un plazo no mayor de diez días hábiles para entregar la información solicitada a Gutiérrez Chávez.
Fue hasta el 05 de noviembre de 2015 cuando el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal negó el amparo al rector y “jefe nato” de la delincuencia organizada universitaria. Y mantuvo firme los acuerdos de la comisionada ponente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Curiosamente, también en noviembre de 2015, el estado de salud del entonces director general de recursos humanos, el Lic. Juan José Guerrero Rolón, se complicó y la Universidad de Colima informó que “murió” el 23 de noviembre.
Sin embargo, los intentos del “jefe nato” de la delincuencia organizada universitaria para negar esa información continuaron, y decidió solicitar un recurso de revisión a la negación del amparo 1476/2015 en XIII Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Situación que para el 08 de abril del 2016 se confirmó nuevamente la sentencia y se le volvió a negar la protección de la Justicia Federal en contra las personas e instituciones señalas arriba. Y no resulta sorpresa que por lo anterior, Ximena Puente de la Mora, presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, decidiera suspender su conferencia “Democracia y transparencia, una breve historia para América Latina” en la Facultad de Derecho de nuestra Institución el pasado 03 de junio.
Todo lo anterior, junto con pegado indica, sin duda alguna, los intentos desesperados de José Eduardo Hernández Nava para negarse a cumplir las leyes y reglamentos en materia de transparencia y rendición de cuentas que aplican para instituciones públicas descentralizadas como la Universidad de Colima. Y confirma el doble discurso del Rector y sus cómplices para beneficiarse y mantener el control absoluto de nuestra Institución sin importarles el respeto a los derechos humanos, derechos laborales, la libertad de catedra y de ideas al interior de la Universidad.
Sin duda, Hernández Nava ante el temor de ser exhibido por la nuevas Leyes Federales que tienden a garantizar la democracia, la transparencia y el respeto a los derechos humanos en las instituciones públicas del país y, en adición, a la posible aceptación y promulgación del proyecto de nueva ley orgánica que entregamos al H. Congreso del Estado de Colima el mes pasado, buscará el apoyo inmediato de la Federación de Estudiantes Colimenses, del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima, de la Federación de Egresados y Jubilados para que lo apoyen en forma inmediata y pública en su reelección para continuar con su “proyecto de largo alcance y responsabilidad social”, pero en la realidad, continuar obteniendo beneficios personales, económicos y políticos para la delincuencia organizada universitaria a la que le debe lealtad y protección.