La libertad de expresión no es privativa de los periodistas. Toda la ciudadanía, independientemente de su trabajo, puede ejercerla. Es un derecho constitucional al igual que el de la información.
La diferencia estriba en el grado de responsabilidad. Cualquier ciudadano puede propalar un chisme, pero un periodista está obligado, ética y profesionalmente, a dar a conocer hechos, noticias veraces u opiniones fundamentadas. La diferencia es, pues, cualitativa.
Lo mismo ocurre en redes sociales. Ahí vemos una vorágine, una gama de comentarios que van desde las bienintencionadas opiniones hasta las diatribas o, incluso, el simple insulto. No es una plaza pública sino más bien el patíbulo.
En estos tiempos de las redes sociales, del ciberespacio, tan propicio al maremágnum de contenidos anodinos y catárticos, el trabajo del periodista debe ser trascendental para informar adecuadamente.
Un ejemplo claro es la foto de una persona que aparentemente porta un AK-47. La imagen se compartió masivamente en redes y causó alarma en la población. Al final, una investigación periodística dilucidó la identidad del supuesto sicario, quien resultó ser un profesor de matemáticas que venía de practicar Gotcha.
Dos puntos
El balón está en el congreso: el Osafig propuso 14 años de inhabilitación para el ex gobernador Mario Anguiano, además de una sanción económica directa por 638 millones de pesos equivalentes a los daños ocasionados y una más de 69 millones 66 mil 97 pesos correspondiente a los prejuicios determinados.